OPINIÓN: TIJUANA CRECIÓ MÁS RÁPIDO QUE SU GOBIERNO
POR DÉCIMO DIEZ
Este texto es una columna de opinión. Los datos verificables se presentan por separado de la valoración editorial.
LOS HECHOS
El registro municipal citado esta semana por Semanario ZETA contabiliza 957 colonias y fraccionamientos en Tijuana. Solamente 171 aparecen incorporados formalmente al Ayuntamiento; 786 continúan pendientes. La proporción equivale a 82.1 por ciento.
La autoridad municipal informó que trabaja con 60 expedientes y que pretende avanzar con 30 por ciento de los asentamientos pendientes antes del 31 de agosto de 2027. Si esa meta se calcula sobre los 786 casos, representa alrededor de 236 incorporaciones y dejaría todavía cerca de 550 sin resolver.
La entrega formal no es una etiqueta administrativa. Define qué autoridad debe recibir infraestructura, atender vialidades, alumbrado, drenaje y otros servicios, además de establecer responsabilidades sobre obras que debieron cumplir condiciones técnicas antes de ser trasladadas al municipio.
LA OPINIÓN DE DÉCIMO DIEZ
Tijuana no llegó a este rezago de un día para otro. Durante años se permitió que la ciudad creciera a una velocidad muy superior a la capacidad —y en ocasiones a la voluntad— de sus gobiernos para ordenar el desarrollo urbano.
Las familias compraron viviendas, pagaron predial y comenzaron a habitar calles que parecían terminadas. Después descubrieron que su fraccionamiento no había sido recibido formalmente, que las reparaciones podían quedar atrapadas entre el desarrollador y el Ayuntamiento o que una obra indispensable carecía de responsable claro.
El resultado es una ciudad con obligaciones ciudadanas plenamente vigentes, pero con responsabilidades institucionales todavía en disputa. El vecino paga; la autoridad y el desarrollador discuten quién debe reparar.
La meta anunciada por el gobierno municipal puede ser un punto de partida, pero no basta con presentar un porcentaje. La ciudadanía necesita saber cuáles son los 786 asentamientos pendientes, en qué etapa se encuentra cada expediente, qué obras faltan, quién debe ejecutarlas, cuánto costarán y qué fecha realista existe para resolverlas.
También hace falta explicar qué ocurrirá con los desarrolladores que entregaron viviendas sin completar infraestructura o que dejaron pasar años sin formalizar el traspaso. Incorporar fraccionamientos sin corregir fallas podría trasladar al erario problemas que debieron resolver empresas privadas; mantenerlos indefinidamente fuera del municipio castiga a quienes ya viven allí.
La salida exige transparencia caso por caso, criterios técnicos y un calendario público. Si la administración logra incorporar 236 asentamientos, deberá demostrarlo con expedientes concluidos y servicios recibidos, no únicamente con ceremonias o anuncios.
Tijuana creció más rápido que su gobierno. Corregir ese desfase será menos vistoso que inaugurar una obra nueva, pero probablemente tenga un impacto más directo en la vida cotidiana de cientos de miles de personas.
