OPINIÓN: RECHAZAR UNA CUENTA NO ES RENDIR CUENTAS
OPINIÓN | POR DÉCIMO DIEZ
Que una comisión legislativa rechace una cuenta pública es relevante. Que lo anuncie sin publicar al mismo tiempo un desglose accesible de montos, conceptos y responsabilidades deja incompleta la rendición de cuentas.
LOS HECHOS VERIFICABLES
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California informó que no aprobó las cuentas públicas 2024 del Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana y de los ayuntamientos de San Quintín y Tecate.
El comunicado legislativo señala que, dentro del conjunto de auditorías analizadas, se encontraron adeudos pendientes de recuperación, metas incumplidas, irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta, omisiones en perspectiva de género, deficiencias en el control de medicamentos y falta de documentación para comprobar obras y pagos a proveedores.
Pero la información difundida no establece cuáles de esas observaciones corresponden al IMJUV Tijuana, cuáles a los ayuntamientos rechazados y cuáles a otras entidades revisadas en la misma sesión. Tampoco precisa en el comunicado los montos observados ni el estado de las solventaciones.
La legislación estatal establece que la fiscalización revisa la gestión financiera y el cumplimiento de objetivos de los programas públicos. Las posibles faltas o responsabilidades requieren investigaciones y procedimientos posteriores; una cuenta no aprobada no equivale automáticamente a una sentencia penal.
LA VALORACIÓN EDITORIAL
El problema no es que el Congreso haya sido prudente al evitar acusaciones anticipadas. Esa cautela es correcta. El problema es que la prudencia no debe convertirse en opacidad.
Decir que una cuenta “no fue aprobada” produce un impacto político inmediato, pero ofrece poco valor público si la ciudadanía no puede conocer con facilidad qué se observó, cuánto dinero está involucrado, qué explicación entregó el organismo y qué autoridad dará seguimiento.
En el caso del IMJUV, la obligación de explicar es todavía más clara porque se trata de una institución municipal que administra recursos destinados a jóvenes. No sería responsable concluir que hubo desvíos o delitos sin documentos que lo prueben. Tampoco sería aceptable reducir la fiscalización a un encabezado institucional que desaparezca del debate al día siguiente.
LO QUE DEBERÍA PUBLICARSE
El Congreso y la Auditoría Superior deberían colocar en un mismo espacio el informe individual, el dictamen completo, los montos observados, las respuestas del ente fiscalizado y el calendario de seguimiento. El IMJUV, por su parte, tendría que explicar públicamente qué observaciones recibió y qué acciones tomó para atenderlas.
La transparencia útil no consiste en entregar cientos de páginas sin contexto. Consiste en permitir que cualquier ciudadano pueda responder cuatro preguntas básicas: qué ocurrió, cuánto costó, quién debía corregirlo y qué sucedió después.
Rechazar una cuenta puede ser el inicio del control público. Presentarlo como si fuera el final del proceso convierte la fiscalización en ceremonia. La rendición de cuentas empieza cuando los datos dejan de pertenecer únicamente a los auditores y se vuelven comprensibles para la comunidad.
FUENTES DE LOS HECHOS
- Congreso de Baja California, reporte de la Comisión de Fiscalización del 14 de octubre de 2026.
- Auditoría Superior del Estado de Baja California, atribuciones de fiscalización.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Baja California.
Las opiniones expresadas en este texto pertenecen a Décimo Diez. Los hechos citados se distinguen de la valoración editorial.
