OPINIÓN: NI EXONERAR NI CONDENAR ANTES DE TIEMPO
POR DÉCIMO DIEZ | OPINIÓN
Las observaciones por 120.29 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación formuló al Ayuntamiento de Ensenada colocan a la discusión pública frente a una prueba básica de madurez: exigir cuentas sin convertir una auditoría en sentencia, pero tampoco usar el debido proceso como pretexto para guardar silencio.
LO QUE ESTÁ CONFIRMADO
La auditoría federal número 495 de la Cuenta Pública 2024 derivó en tres pliegos de observaciones que, en conjunto, alcanzan 120 millones 290 mil 496 pesos. Eso es un hecho documentado y suficientemente serio para reclamar una respuesta detallada.
La propia ASF explica que un pliego de observaciones es una acción correctiva mediante la cual determina en cantidad líquida un posible daño o perjuicio al erario. También señala que el ente auditado dispone de 30 días hábiles, contados desde la notificación, para presentar argumentos, documentación suficiente o, en su caso, realizar el reintegro correspondiente.
LO QUE TODAVÍA NO ESTÁ ACREDITADO
Un pliego no es una sentencia penal, no identifica automáticamente a una persona culpable y no demuestra por sí solo que el dinero haya sido robado. El procedimiento contempla la revisión de la respuesta institucional y un pronunciamiento posterior de la ASF.
Si la observación no se solventa, entonces pueden abrirse investigaciones por faltas administrativas y promoverse los procedimientos correspondientes. Esa diferencia importa: hablar de presuntos daños no equivale a afirmar responsabilidad definitiva.
EL PROBLEMA DE LOS DOS EXTREMOS
VALORACIÓN: En la política local suelen aparecer dos atajos igual de convenientes. El primero consiste en presentar cualquier observación como prueba consumada de corrupción. El segundo busca reducir un pliego a una simple diferencia contable que no merece explicación pública.
Ninguna postura sirve a la ciudadanía. La condena anticipada sustituye las pruebas por propaganda. La minimización transforma el derecho de defensa en una licencia para ocultar información.
LA PRUEBA DEBE SER PÚBLICA
El gobierno de Ensenada no debería limitarse a decir que “solventará” las observaciones. Debe publicar una relación clara de cada pliego: monto, concepto, documentación presentada, dependencia responsable y estado del trámite. Si existen contratos, comprobantes, transferencias, entregables o reintegros que aclaren el uso de los recursos, la mejor defensa es mostrarlos.
La oposición, por su parte, debe abandonar los montos espectaculares como sustituto de la investigación. Si acusa desvío o robo, tiene la obligación de señalar qué documento demuestra esa conducta y en qué etapa formal se encuentra el expediente.
NUESTRA POSTURA
Ensenada no necesita una absolución mediante boletín ni una condena mediante encabezado. Necesita documentos verificables, plazos públicos y seguimiento hasta conocer el pronunciamiento de la ASF.
La presunción de inocencia protege a las personas; la rendición de cuentas protege a la sociedad. Defender una no exige sacrificar la otra.
FUENTES DOCUMENTALES
Investigación Diez10: “ASF observa 120 MDP en Ensenada”, 21 de octubre de 2026.
Auditoría Superior de la Federación: Guía para el seguimiento de acciones y recomendaciones.
Auditoría Superior de la Federación: preguntas frecuentes sobre pliegos y plazos de respuesta.
