OPINIÓN: LAS CIFRAS DE DESPOJO EXIGEN TRAZABILIDAD
OPINIÓN | DÉCIMO DIEZ.
HECHOS VERIFICABLES
Un reportaje de Semanario ZETA difundió 6 mil 665 denuncias por despojo, 31 juicios iniciados y 32 personas sentenciadas dentro de 20 carpetas en Baja California. El mismo texto atribuye las cifras al periodo del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero publica un rango —del 1 de noviembre de 2019 al 15 de septiembre de 2021— que no coincide con el inicio oficial de su administración, el 1 de noviembre de 2021.
La investigación de Diez10 concluyó que los portales públicos consultados no permiten enlazar de manera directa las denuncias recibidas por la Fiscalía con las causas iniciadas, las vinculaciones a proceso y las sentencias firmes del Poder Judicial.
VALORACIÓN EDITORIAL
Una cifra de miles de denuncias frente a unas decenas de juicios exige una explicación pública. Pero la rendición de cuentas no mejora si se comparan datos de periodos distintos o unidades que no son equivalentes.
El gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial no deberían obligar a la ciudadanía a ensamblar estadísticas dispersas para entender qué ocurre con una denuncia por despojo. La transparencia útil empieza cuando las instituciones publican la misma ruta: denuncia, investigación, judicialización, resolución y sentencia firme.
También hace falta corregir con rapidez cualquier fecha errónea. Una inconsistencia temporal puede cambiar por completo el significado político de un dato y alimentar conclusiones que la evidencia disponible no permite sostener.
La respuesta institucional no debe limitarse a negar la existencia de “cárteles inmobiliarios” ni a anunciar investigaciones aisladas. Debe mostrar resultados medibles: cuántas víctimas recuperaron su patrimonio, cuántas carpetas siguen abiertas, por qué otras no avanzaron y cuánto tiempo toma llegar a una resolución.
CONCLUSIÓN
Las 6 mil 665 denuncias ameritan atención, pero el dato más revelador es la falta de trazabilidad. Sin información compatible entre autoridades, no hay forma de distinguir eficiencia, rezago, archivo justificado o impunidad. Y sin esa distinción, las cifras sirven para el discurso, no para rendir cuentas.
