OPINIÓN: UN CHOQUE NO DEBE ABRIR PASO A EXTORSIÓN
POR DÉCIMO DIEZ
ANÁLISIS.— El problema de los “montachoques” ya no puede explicarse únicamente como una cadena de percances provocados por delincuentes que buscan dinero rápido. Cuando cuatro de siete carpetas de investigación contienen señalamientos sobre la posible intervención de policías municipales, la respuesta pública debe incluir algo más que nuevas detenciones: una revisión interna verificable.
HECHOS VERIFICABLES
Semanario ZETA documentó siete carpetas abiertas desde mayo por hechos atribuidos a “montachoques” en Tijuana. Al menos cuatro incluyen versiones de víctimas que describen conductas atribuidas a agentes municipales, como recomendar un pago, advertir sobre una posible detención o respaldar a quienes exigían dinero.
Esos señalamientos siguen bajo investigación. No existe, hasta donde se ha informado públicamente, una resolución penal o administrativa que acredite que policías municipales integren una red de fraude o extorsión.
También es verificable que la SSPCM ha detenido a presuntos responsables. Su titular informó el 16 de septiembre que dos grupos, con diez integrantes en total, fueron desarticulados durante los tres meses anteriores. La corporación reportó además la captura de un hombre acusado de provocar un choque y exigir mil 500 dólares a un adulto mayor.
Otro hecho relevante es que “montachoques” no constituye una categoría penal autónoma. Las investigaciones pueden clasificarse como fraude, extorsión, daño en propiedad ajena u otros delitos, lo que dificulta construir una estadística pública completa.
VALORACIÓN EDITORIAL
La existencia de denuncias no autoriza a condenar anticipadamente a ningún policía. Pero tampoco permite que la autoridad municipal guarde silencio. La presunción de inocencia protege a las personas señaladas; no exime a la institución de revisar su actuación y rendir cuentas.
Un agente que atiende un choque debe preservar la seguridad, solicitar el peritaje correspondiente y evitar que las partes sean presionadas. Recomendar un pago inmediato, amenazar con cárcel o permitir que una persona se lleve un vehículo —si esas conductas se comprueban— no serían simples errores de criterio: quebrarían la confianza en la autoridad que debería impedir el abuso.
El riesgo es especialmente grave en una ciudad fronteriza. Varios testimonios describen como objetivos a conductores de automóviles con placas de California, quienes pueden desconocer el procedimiento local o temer perder el vehículo. Ese perfil facilita la presión y reduce la probabilidad de que las víctimas sostengan una denuncia durante meses.
LA RESPUESTA NO DEBE QUEDARSE EN “ESTAMOS INVESTIGANDO”
La Sindicatura Procuradora, Asuntos Internos y la SSPCM tendrían que informar cuántos agentes fueron mencionados, cuántos ya fueron identificados y qué expedientes administrativos se abrieron. No hace falta divulgar nombres ni afectar el debido proceso; basta con publicar cifras, fechas, estado de los procedimientos y criterios de actuación.
La Fiscalía, por su parte, debería explicar cómo agrupa estos casos. Si cada carpeta aparece bajo un delito distinto, la ciudadanía nunca sabrá cuántos “montachoques” operan, cuántas víctimas denunciaron, cuánto dinero perdieron ni cuántos responsables llegaron ante un juez.
También hace falta un protocolo sencillo y visible: quién puede determinar responsabilidad en un choque, cuándo debe intervenir un perito, qué documentos puede pedir un agente, dónde verificar a un ajustador y a qué número llamar si alguien exige dinero o pretende llevarse un vehículo.
CONCLUSIÓN
Las diez detenciones informadas por la Policía Municipal son relevantes, pero no cierran el caso. La nueva información obliga a mirar hacia dentro de la corporación. La forma de proteger a los agentes que actúan correctamente y recuperar confianza no es negar preguntas incómodas, sino investigar con reglas claras y publicar resultados.
Un percance vial nunca debe convertirse en una ventanilla improvisada donde, bajo presión, una persona entrega dinero para evitar amenazas. Y mucho menos cuando en la escena aparece un uniforme que debería garantizar exactamente lo contrario.
