EL PODER DE TERESITA BALDERAS: ENTRE LA FISCALIZACIÓN, LA PROTECCIÓN ESPECIAL Y LA RUTA A 2027
TIJUANA, B.C.— Teresita de Jesús Balderas Beltrán ocupa uno de los cargos con mayor capacidad de intervención dentro del Ayuntamiento de Tijuana. Como síndica procuradora puede vigilar, investigar y promover sanciones por la actuación de servidores públicos. Además, participa con voz y voto en el Comité de Transparencia municipal.
Ese poder no es clandestino ni carece de fundamento: proviene de los reglamentos municipales. Lo que sí exige escrutinio es la forma en que una oficina creada para controlar al gobierno ha ampliado su presencia política, mediática y territorial mientras su titular aparece mencionada como aspirante a la alcaldía en 2027.
UNA OFICINA CON DIENTES
La propia Sindicatura Procuradora define su misión como transparentar las acciones de todo el gobierno municipal. Su estructura puede recibir denuncias, revisar procedimientos administrativos, investigar responsabilidades y promover sanciones. Balderas también figura como primera vocal, con derecho a voto, en el Comité de Transparencia del Ayuntamiento, que puede confirmar, modificar o revocar decisiones relacionadas con clasificación, inexistencia y entrega de información pública.
La combinación es considerable: la síndica fiscaliza dependencias, supervisa normas administrativas y participa en decisiones de transparencia. No es una anomalía por sí misma; así está diseñado el órgano de control. Sin embargo, cuanto mayor es la capacidad institucional, mayor debe ser también la rendición de cuentas sobre el uso de personal, vehículos, seguridad y recursos.
DEL CONTROL ADMINISTRATIVO AL PROTAGONISMO POLÍTICO
En agosto, Agencia Fronteriza de Noticias publicó que Balderas incrementó su presencia en reuniones comunitarias y encuentros fuera de Tijuana, incluidos actos en Ensenada y Ciudad de México. El medio interpretó esas actividades como parte de una eventual búsqueda de la candidatura de Morena a la alcaldía.
La misma publicación cuestionó la recepción y entrega de uniformes donados por un particular. AFN sostuvo que la operación debía ajustarse a la Norma Técnica A-23 sobre aceptación de donaciones y planteó dudas sobre la documentación del procedimiento. Diez10 Noticias no encontró, entre las fuentes revisadas para esta nota, una resolución administrativa firme que determine que Balderas cometió una falta por ese episodio. Por ello, el señalamiento debe entenderse como una controversia pendiente de aclaración, no como una sanción probada.
El punto de fondo es otro: cuando la titular del órgano que vigila el cumplimiento de las normas participa en actividades con posible rendimiento electoral, el estándar aplicable debe ser más alto. Corresponde transparentar qué eventos forman parte de la agenda oficial, quién cubre traslados y logística, qué personal participa y bajo qué atribución se realizan actividades fuera del municipio.
LA SÍNDICA BLINDADA
La seguridad asignada a Balderas es otro componente de su creciente peso público. AFN informó, con base en un oficio fechado el 25 de agosto, que se ordenaron rondines durante 60 días alrededor de su domicilio dentro del caso 0204-2026-21281. El documento, según ese medio, fue canalizado por una agencia del Ministerio Público especializada en delitos electorales.
Semanario ZETA reportó además que la funcionaria utiliza unidades blindadas y escoltas oficiales. Esa publicación añadió, citando fuentes no identificadas, que se habría solicitado la participación de 30 policías y ampliar la vigilancia a Palacio Municipal. Esa cifra no aparece confirmada en una fuente oficial consultada por Diez10 y, por tanto, no puede presentarse como un hecho acreditado.
Balderas declaró posteriormente, según reportes de prensa, que ella no pidió personalmente la protección y que la medida fue determinada por el Ministerio Público. La existencia de medidas de seguridad puede ser plenamente legítima ante un riesgo real; tampoco constituye prueba de privilegio o abuso. Lo que falta es información pública suficiente para conocer el número de elementos asignados, el costo, la evaluación de riesgo y los criterios empleados frente a otras personas servidoras públicas o víctimas que solicitan protección.
SANCIONES, ALIANZAS Y CONFLICTOS
La Sindicatura informó en agosto la inhabilitación por un año de cinco exfuncionarios de la administración de Monserrat Caballero, derivada —según la versión oficial— de observaciones de la Auditoría Superior del Estado. La exalcaldesa ha acusado públicamente a Balderas de intentar favorecer al grupo político de Ismael Burgueño. Esa acusación, por sí sola, no demuestra parcialidad: las resoluciones deben evaluarse por sus expedientes, fundamentos y posibilidades de impugnación.
Al mismo tiempo, la relación entre la síndica y algunos críticos ha escalado al terreno legal. En julio, AFN difundió un posicionamiento en el que acusó a Balderas de afectar la libertad de expresión mediante un procedimiento por violencia política de género relacionado con contenidos periodísticos y declaraciones de terceros. La denuncia de un medio tampoco resuelve el debate jurídico. Los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia política deben protegerse, pero su aplicación frente a periodistas y críticas sobre el ejercicio del poder exige proporcionalidad y revisión independiente.
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN ABIERTAS
- ¿Cuál es el fundamento, costo y duración de las unidades, escoltas y rondines asignados a la síndica?
- ¿Cuántos agentes participan realmente y qué evaluación de riesgo respalda el operativo?
- ¿Qué actividades fuera de Tijuana fueron oficiales y con qué recursos se realizaron?
- ¿Cómo se documentó la recepción y distribución de los uniformes donados?
- ¿Qué mecanismos impiden conflictos de interés si la titular busca una candidatura mientras investiga a adversarios políticos?
- ¿Qué órgano revisa la actuación, los gastos y las decisiones de la propia Sindicatura?
El poder de Teresita Balderas no es inexplicable en su origen: la ley municipal le entrega una oficina con herramientas amplias. Lo que todavía no está suficientemente explicado es la frontera entre esas facultades, su despliegue político y los recursos públicos que acompañan a la funcionaria.
Una Sindicatura fuerte es indispensable para combatir abusos dentro del Ayuntamiento. Pero si su titular pretende competir en 2027, la transparencia no puede exigirse únicamente a los investigados. También debe comenzar por la oficina que investiga.
Metodología y derecho de réplica: esta nota fue elaborada mediante la revisión de portales oficiales del Ayuntamiento y la Sindicatura, así como publicaciones de AFN y Semanario ZETA. Los señalamientos de terceros fueron atribuidos y no equivalen a determinaciones judiciales o administrativas. Diez10 Noticias mantiene abierto el espacio para precisiones, documentos y la postura directa de Teresita Balderas. Imagen conceptual generada con inteligencia artificial; no representa una fotografía real de la funcionaria.
