ALTISA Y SANTA FE: LA BATALLA POR LAS RUTAS QUE DEJÓ A ESTUDIANTES EN MEDIO
TIJUANA.— La disputa por una ruta entre Santa Fe y la zona universitaria de Otay terminó convirtiéndose en un conflicto público entre habitantes, transportistas y el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS). En medio quedaron estudiantes y trabajadores que aseguran necesitar un traslado directo, accesible y con horarios compatibles con sus actividades.
Una ruta solicitada desde las colonias
Representantes vecinales de Villas de Santa Fe, Colinas del Sol, Lomas de San Antonio, Cedros, Real de la Gloria y otras comunidades sostienen que durante aproximadamente cuatro meses gestionaron ante el IMOS una conexión directa hacia la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Instituto Tecnológico de Tijuana.
Carmen Hernández Martínez, representante vecinal citada por medios locales, afirmó que se reunieron más de mil 500 firmas para respaldar la petición. Otra dirigente, Ibeth Roblero, estimó que la ruta atendería principalmente a unos 500 estudiantes. Las cifras corresponden a declaraciones de las representantes y no a un padrón público consultable.
La propuesta elegida fue operada inicialmente por Operatt BC. El trayecto Santa Fe–5 y 10–UABC Otay–Tecnológico Tomás Aquino tiene una extensión reportada de 53.06 kilómetros y atraviesa sectores como Cedros, Colinas del Sol, Periférico, Pacífico, 5 y 10, Federico Benítez y Buena Vista.
El costo que encendió la inconformidad
Vecinos dijeron a El Imparcial que el servicio directo de Operatt costaba 22 pesos por viaje. En contraste, aseguraron que para trasladarse mediante rutas de Altisa debían hacer transbordos y que algunas familias gastaban entre 600 y 700 pesos por semana. Otros testimonios calcularon en más de 450 pesos el gasto semanal de estudiantes.
Los colonos también acusaron a operadores de Altisa de no respetar descuentos estudiantiles, brindar un servicio deficiente y mantener un trato inadecuado. Estas acusaciones fueron retomadas por el IMOS, pero Diez10 no encontró, en las fuentes públicas revisadas, un expediente desglosado que permita conocer cuántas quejas fueron acreditadas, cuántas derivaron en sanción y cuáles permanecen en investigación.
Bloqueos y versiones enfrentadas
El 24 de agosto, unidades de Altisa bloquearon parcialmente el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la 5 y 10. El Imparcial reportó que dos carriles en ambos sentidos estuvieron ocupados durante una hora y que posteriormente permaneció cerrado un carril por más tiempo. También hubo una protesta en las instalaciones del IMOS.
Altisa sostuvo que las nuevas rutas invadían espacios concesionados y que la autoridad modificó la operación sin notificar correctamente. Su director, Víctor Sevilla, aseguró públicamente que la empresa cuenta con concesiones legítimas desde hace más de 30 años y anunció que presentaría documentación ante el gobierno estatal.
El IMOS respondió que la ruta hacia UABC e ITT reclamada por Altisa no formaba parte de sus concesiones y afirmó que la empresa la había operado sin autorización. El organismo también atribuyó a Altisa quejas relacionadas con tarifas preferenciales, trato a usuarios, conducción y exceso de pasajeros.
Cuando el usuario pierde, aunque nadie haya ganado
La confrontación provocó la suspensión temporal del nuevo servicio. Madres de familia organizaron guardias y representantes comunitarios solicitaron vigilancia policial ante el temor de nuevos incidentes. La UABC reconoció públicamente la necesidad de transporte de sus estudiantes, aunque aclaró que no tiene facultades para decidir quién opera las rutas.
Datos del IMOS citados por ZETA indican que Altisa tiene 70 rutas concesionadas y que opera menos de la mitad. La empresa rechaza el diagnóstico de la autoridad y sostiene que ha sido desplazada de manera arbitraria. Ninguna de las fuentes revisadas permite resolver por sí sola la validez jurídica de las concesiones en disputa.
Al cierre de esta publicación, Diez10 no localizó un documento público definitivo que establezca el resultado de las negociaciones ni garantice la continuidad de la ruta directa. El problema central sigue sin respuesta: mientras empresa y autoridad discuten permisos, los habitantes continúan dependiendo de un sistema fragmentado, más caro y sujeto a decisiones tomadas sin información pública suficiente.
Fuentes consultadas: Semanario ZETA; El Imparcial: postura vecinal; El Imparcial: bloqueos y respuesta del IMOS; Punto Norte; declaración de la UABC.
