OPINIÓN: UNA COMPARECENCIA SIN DIPUTADOS DEBILITA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
OPINIÓN | DÉCIMO DIEZ
La comparecencia anual de la Fiscalía General del Estado ante el Congreso de Baja California no es una cortesía entre poderes. Es uno de los pocos momentos públicos en los que las cifras de seguridad pueden ser confrontadas con preguntas, metodología y experiencias de las víctimas.
HECHOS VERIFICABLES
El 23 de septiembre, la fiscal general María Elena Andrade Ramírez presentó su informe ante el Congreso estatal. Entre los resultados expuestos figuró una reducción de 25% en homicidios al comparar dos periodos de tres años.
Una revisión publicada por Diez10 confirmó que el porcentaje coincide con las cantidades presentadas: 8 mil 179 homicidios en el bloque 2019-2021 y 6 mil 100 en el bloque 2022-2024. La misma revisión advirtió que esa comparación agregada no sustituye los desgloses anuales y municipales necesarios para evaluar la tendencia y sus diferencias territoriales.
Reportes periodísticos de la sesión documentaron ausencias y distracciones entre integrantes del Congreso. Colectivos de búsqueda también reclamaron que las desapariciones no fueran examinadas con la profundidad esperada durante el encuentro.
Estos son los hechos que sostienen el análisis. La reducción presentada merece ser registrada, pero también requiere contexto, metodología y contraste con otros indicadores.
VALORACIÓN EDITORIAL
La ausencia de legisladores durante una comparecencia de seguridad debilita la rendición de cuentas, incluso cuando las cifras expuestas sean favorables. Un informe no se fiscaliza solo por celebrarse; se fiscaliza cuando las y los representantes permanecen, preguntan, solicitan bases comparables y dan seguimiento a las respuestas pendientes.
El problema no es únicamente protocolario. Cuando una diputación deja vacía su silla o concentra su atención en otra cosa, también queda sin formular una pregunta que podría aclarar por qué ciertos municipios mejoran y otros no, cuántas investigaciones llegan ante un juez o qué respuesta reciben las familias que buscan a una persona desaparecida.
La Fiscalía tiene la obligación de explicar sus resultados con series completas y criterios transparentes. El Congreso tiene la obligación distinta, pero complementaria, de someter esos resultados a escrutinio. Si uno informa y el otro no examina, el mecanismo queda a medias.
LA CIFRA NO DEBE SER EL FINAL DE LA CONVERSACIÓN
Una baja de 25% puede representar un avance real y, al mismo tiempo, ser insuficiente para describir toda la situación de seguridad. Ambas afirmaciones pueden coexistir. La tarea pública consiste precisamente en determinar qué explica la reducción, si se mantiene en 2025 y 2026, dónde se concentra y cuáles delitos o regiones siguen fuera de esa mejoría.
La rendición de cuentas no exige negar los logros; exige probarlos, delimitarlos y convertirlos en información útil para tomar decisiones. Para eso hacen falta funcionarios dispuestos a responder y diputaciones presentes para preguntar.
La próxima comparecencia debería comenzar donde esta quedó incompleta: con bases abiertas, comparaciones homogéneas, seguimiento escrito a los compromisos y un registro público de las preguntas sin respuesta. La seguridad de Baja California merece un examen más riguroso que una ceremonia con sillas vacías.
FUENTES DE LOS HECHOS
Diez10: revisión del cálculo de la reducción de homicidios; Punto Norte: cobertura de la comparecencia; y Semanario ZETA: crónica de la sesión.
Este texto distingue los hechos verificables de la valoración editorial. Las opiniones expresadas corresponden a DÉCIMO DIEZ.