OPINIÓN: COMPRAR CASA NO DEBE SER UNA APUESTA
POR DÉCIMO DIEZ | OPINIÓN
Comprar una casa no debería parecerse a entrar a un casino. Una familia no puede jugarse sus ahorros, su patrimonio y veinte años de crédito con la esperanza de que el terreno exista, el vendedor tenga facultades para disponer de él y los documentos entregados sean auténticos.
Sin embargo, en Baja California la verificación previa sigue recayendo demasiado en el comprador. Quien no conoce de certificados, gravámenes, poderes notariales, claves catastrales o antecedentes registrales puede firmar confiado y descubrir el problema cuando el dinero ya cambió de manos.
HECHOS VERIFICABLES
Una iniciativa presentada en el Congreso de Baja California expone que se registraron 3 mil 806 denuncias por fraude en el estado entre enero de 2025 y junio de 2026: un promedio aproximado de siete al día. La cifra abarca el delito de fraude en general y no únicamente operaciones inmobiliarias. El mismo documento refiere mil 286 denuncias por despojo durante 2025.
La propuesta plantea crear un certificado de disponibilidad jurídica y registral, establecer alertas preventivas y exigir mayores controles a las plataformas que difunden anuncios de inmuebles. Se trata de una iniciativa en trámite; todavía no es una ley vigente ni garantiza por sí misma que los fraudes desaparecerán.
También debe quedar claro que una denuncia no equivale a una sentencia y que las estadísticas no permiten responsabilizar automáticamente a empresas, agentes o particulares concretos.
NUESTRA POSICIÓN
El problema no es solamente que existan personas dispuestas a engañar. El problema es que el sistema todavía permite que una operación de enorme valor avance sin una verificación sencilla, accesible y comprensible para cualquier ciudadano.
No basta con recomendar que la gente “revise bien”. Esa frase traslada toda la responsabilidad a la posible víctima. Revisar bien exige tiempo, dinero y conocimientos que no todas las familias tienen. El Estado posee los registros, los catastros y las facultades de supervisión; por lo tanto, también debe construir barreras preventivas antes de que se firme o se pague.
Un certificado puede ayudar, pero únicamente si consulta información actualizada, tiene consecuencias jurídicas claras y puede ser verificado en línea. Una hoja más dentro de un expediente no sirve si puede falsificarse, si llega tarde o si distintas dependencias mantienen datos contradictorios.
Las plataformas digitales tampoco pueden actuar como simples escaparates. Si obtienen beneficios de la publicidad inmobiliaria, deben contar con mecanismos para identificar a quien publica, atender reportes y retirar ofertas respaldadas por documentación dudosa. Eso no sustituye el trabajo de las autoridades, pero sí reduce el espacio para anuncios anónimos y operaciones opacas.
PREVENIR ANTES DE INVESTIGAR
Las fiscalías deben investigar y los tribunales determinar responsabilidades. Pero la política pública no puede limitarse a intervenir después de que una familia perdió su patrimonio. La prioridad debe ser impedir que el dinero llegue a manos equivocadas.
El Congreso tiene que discutir la propuesta con rapidez, escuchar a notarios, especialistas registrales, compradores y víctimas, y cerrar los vacíos que puedan convertir una buena intención en otro trámite inútil. Después, el Ejecutivo deberá implementar controles medibles y publicar resultados.
La vivienda no es una apuesta ni un lujo menor. Es, para muchas familias, el esfuerzo económico más grande de su vida. Si una persona necesita convertirse en investigadora para saber si la casa que compra es legal, entonces el sistema ya falló antes de firmar el contrato.
FUENTE DE LOS HECHOS
Los datos y características de la iniciativa proceden del Comunicado 2205 del Congreso de Baja California. Las valoraciones expresadas en esta columna corresponden a Décimo Diez.
