OPINIÓN: EL SITT EXIGE CUENTAS ANTES DE PAGAR
OPINIÓN | DÉCIMO DIEZ
La aclaración del alcalde Ismael Burgueño de que todavía no existe un monto definitivo para resolver el litigio del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) corrige una parte de la conversación pública, pero no despeja la pregunta central: ¿qué información tendrá la ciudadanía antes de que el Ayuntamiento comprometa recursos durante varios años?
LOS HECHOS VERIFICABLES
El 14 de septiembre, el Cabildo autorizó explorar un convenio relacionado con las reclamaciones de la empresa operadora. El acuerdo fijó como límite de negociación hasta 50 por ciento del valor económico actualizado de lo reclamado, abrió la posibilidad de cubrirlo en hasta 120 mensualidades y estableció que el convenio deberá ser validado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
El 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al municipio aclarar públicamente el posible pago, después de que el debate se concentrara en una cifra cercana a mil 400 millones de pesos. Este 28 de octubre, Burgueño respondió que Cabildo sólo autorizó revisar una salida al litigio, que no existe todavía una cantidad definida y que cualquier alternativa debe proteger el erario.
También es un hecho que el contrato de operación se remonta a 2016, que el conflicto jurídico ha dificultado la transferencia del sistema al Instituto de Movilidad Sustentable y que el gobierno municipal sostiene que una sentencia desfavorable podría implicar el pago total de las reclamaciones, más actualizaciones.
LA VALORACIÓN
Que el monto no esté cerrado es precisamente la razón para abrir el expediente público antes de firmar. La transparencia posterior serviría sólo para explicar una decisión consumada. La transparencia útil permite evaluar la decisión mientras todavía puede corregirse.
El Ayuntamiento debería publicar, con las reservas estrictamente necesarias, la metodología para actualizar las reclamaciones, el dictamen de riesgo jurídico, la identidad de quienes recibirían el pago, el origen presupuestal de las mensualidades, los costos financieros y las condiciones que extinguirían definitivamente los juicios. También debe explicar qué recibe la ciudad a cambio y cómo se garantizará que estaciones, corredores y activos del SITT puedan integrarse a un sistema funcional.
Negociar puede ser más barato que perder un litigio; esa posibilidad es razonable. Pero una ventaja hipotética no sustituye la evidencia. Si el municipio afirma que un convenio protege el patrimonio público, debe mostrar la comparación entre escenarios: continuar el juicio, conciliar o pagar bajo distintas condiciones. Sólo así será posible saber si el límite de 50 por ciento representa una reducción real o una referencia construida sobre una reclamación inflada.
UNA DECISIÓN QUE TRASCIENDE EL TRIENIO
Un compromiso de hasta 120 mensualidades puede alcanzar a administraciones futuras. Por eso la discusión no pertenece sólo al alcalde, al Cabildo o a la empresa. Pertenece a quienes financiarán el acuerdo y a quienes todavía esperan transporte público digno.
La salida al conflicto del SITT necesita certeza jurídica, pero también legitimidad pública. Esa legitimidad no se obtiene repitiendo que aún no hay cifra. Se construye publicando los documentos, respondiendo quién cobra, explicando cómo se calculó y demostrando que el convenio mejora las alternativas disponibles.
Este texto es una columna de opinión. Los hechos verificables se presentan por separado de las valoraciones editoriales.
FUENTES CONSULTADAS
- Ayuntamiento de Tijuana, Dirección de Cabildo, relación de actas de sesiones de septiembre y octubre de 2026.
- NDT Noticias, condiciones aprobadas para la negociación, 15 de septiembre de 2026.
- AFN, llamado de la Presidencia a aclarar el posible pago, 27 de octubre de 2026.
- Uniradio Informa, aclaración del alcalde Ismael Burgueño, 28 de octubre de 2026.