OPINIÓN: EL DINERO PÚBLICO NO TERMINA DE EXPLICARSE CON UNA CIFRA GRANDE
POR DÉCIMO DIEZ
Este texto es una columna de opinión. Los datos verificables se presentan por separado de la valoración editorial.
HECHOS VERIFICABLES
Entre enero y julio de 2026, Baja California recibió 860.2 millones de pesos del componente municipal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y 118.7 millones del componente estatal. En conjunto son 978.9 millones de pesos.
Los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación establecen que estos recursos deben dirigirse a infraestructura social básica para población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social y zonas de atención prioritaria.
También obligan a entidades y municipios a informar sobre la planeación, contratación y ejercicio del dinero. La investigación publicada hoy por Diez10 identificó que la cifra global todavía necesita un desglose accesible por municipio, obra, contrato, avance físico y población beneficiaria.
VALORACIÓN EDITORIAL
La cifra es grande y políticamente atractiva. Casi mil millones de pesos caben bien en un boletín, en una conferencia y en una publicación de redes sociales. Pero el dinero público no termina de explicarse cuando se anuncia cuánto llegó. Ahí apenas comienza la rendición de cuentas.
Una transferencia no es una calle pavimentada. Tampoco es una tubería instalada, una escuela reparada o una colonia con agua. Entre el depósito federal y el beneficio social existen decisiones municipales, proyectos ejecutivos, licitaciones, contratos, supervisiones y comprobaciones. Es justamente en ese trayecto donde la ciudadanía necesita información sencilla y oportuna.
Los siete ayuntamientos deberían publicar un tablero común con cinco datos mínimos: cuánto recibieron, qué obras aprobaron, quién obtuvo cada contrato, cuánto se ha pagado y qué avance físico existe. No se requiere una campaña de propaganda. Se requiere una base de datos que pueda revisarse.
TRANSPARENCIA ANTES QUE SOSPECHA
Pedir esa información no significa afirmar que hubo desvíos. Significa evitar que la vigilancia comience demasiado tarde, cuando las obras ya debieron terminar o cuando los documentos aparecen dispersos entre portales difíciles de consultar.
La mejor defensa de un gobierno frente a la sospecha es publicar evidencia antes de que se la exijan. Si los 978.9 millones se convierten en obras útiles, los municipios tendrán cómo demostrarlo. Si no pueden hacerlo, la cifra récord dejará de ser una buena noticia.
