SITT: TIJUANA NEGOCIA PAGOS POR 1,600 MILLONES
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.— El Ayuntamiento de Tijuana autorizó negociar y formalizar convenios de pago diferido relacionados con litigios del Sistema Integral de Transporte de Tijuana, cuyas reclamaciones suman alrededor de 1,600 millones de pesos y todavía no cuentan con sentencia definitiva.
La revisión de la Gaceta Municipal, documentos contables del organismo y reportes periodísticos permite establecer que el posible compromiso abarcaría reclamaciones de SITT de Tijuana S.A. de C.V. y SOPROES. El esquema contemplado podría extenderse hasta diez años, mediante 120 mensualidades.
La autorización no equivale por sí sola a que el municipio ya haya pagado esa cantidad ni demuestra que las empresas tengan reconocido judicialmente el monto completo. Se trata de una facultad para negociar y formalizar convenios, mientras los expedientes continúan abiertos.
LO QUE AUTORIZÓ EL CABILDO
El catálogo público de la Gaceta Municipal incluye un acuerdo para facultar a la Tesorería y a la Consejería Jurídica a celebrar convenios vinculados con los juicios de nulidad identificados como 237/2023 J.C. y 382/2023 J.Q., acumulados. El documento relaciona expresamente a SITT de Tijuana S.A. de C.V. con el organismo municipal operador del sistema.
Brújula News reportó el 21 de septiembre que la autorización también involucra el litigio de SOPROES y que la suma de las reclamaciones ronda los 1,600 millones de pesos: aproximadamente 1,300 millones reclamados por SITTSA y 300 millones por SOPROES. El medio señaló que el proyecto prevé pagos hasta en 120 mensualidades.
Diez10 no localizó una sentencia definitiva que obligue al Ayuntamiento a cubrir el total de esas cifras. El propio reporte indica que los procedimientos permanecen en etapa de ofrecimiento de pruebas.
LOS EXPEDIENTES APARECEN COMO PASIVOS CONTINGENTES
Una relación de pasivos contingentes publicada por el organismo municipal SITT mantiene registrados los expedientes 237/2023 J.C. y su acumulado 382/2023 J.Q., con SITT de Tijuana S.A. de C.V. como contraparte. Un pasivo contingente identifica un riesgo u obligación posible sujeta al resultado de un procedimiento; no constituye automáticamente una deuda firme y exigible por el monto reclamado.
Desde 2023, El Sol de Tijuana informó sobre dos juicios promovidos por empresas relacionadas con la operación y el sistema de recaudo del transporte troncal. En 2024, el mismo medio documentó que diversas empresas reclamaban al municipio cantidades que, en conjunto, alcanzaban aproximadamente 2 mil millones de pesos. Esa cifra incluía otros procedimientos, por lo que no debe confundirse con el monto específico de los convenios ahora revisados.
UNA DENUNCIA PENAL TAMBIÉN ESTÁ EN JUEGO
Brújula News publicó que existe una denuncia por posible fraude procesal y reprodujo un oficio atribuido a la Fiscalía General del Estado, fechado en marzo de 2026, que habría solicitado detener los juicios administrativos mientras se determina si existió una conducta delictiva.
Esa versión requiere una precisión esencial: una denuncia o investigación penal no prueba la existencia de fraude ni la responsabilidad de ninguna persona o empresa. La determinación corresponde a la Fiscalía y, en su caso, a un juez. Tampoco se ha informado públicamente que exista una resolución penal definitiva.
Diez10 no presenta como hechos comprobados las acusaciones personales o relaciones políticas mencionadas por otras publicaciones. Esta revisión se limita a la autorización municipal, los expedientes identificados, los montos atribuidos a las reclamaciones y el estado procesal reportado.
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN ABIERTAS
Antes de formalizar una obligación de esta magnitud, el Ayuntamiento debe transparentar al menos cinco elementos: el monto final reconocido; la metodología utilizada para calcularlo; el calendario de pagos; la fuente presupuestal; y las garantías para suspender o recuperar recursos si los procesos judiciales o penales cambian de rumbo.
También falta explicar por qué resultaría más conveniente negociar ahora que esperar una sentencia, qué dictámenes financieros y jurídicos respaldan el acuerdo, y cuánto representaría cada mensualidad para las finanzas municipales.
Una obligación de 1,600 millones de pesos distribuida en 120 pagos equivaldría, sin considerar intereses, actualizaciones o condiciones adicionales, a un promedio aritmético cercano a 13.3 millones de pesos mensuales. Esa operación es únicamente una referencia matemática: los convenios reales podrían establecer anticipos, intereses, ajustes u otra distribución.
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