INVESTIGACIÓN ESPECIAL: TIJUANA ACUMULA 850 CASOS BAJO ENGOMADO ROJO SIN REUBICACIÓN A CORTO PLAZO
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.— El corte del suministro de agua en viviendas de la calle Piñitas, en Lomas de la Presa, puso nuevamente bajo escrutinio la respuesta municipal ante los deslizamientos. Detrás del conflicto inmediato aparece una cifra de mayor alcance: el director de Protección Civil de Tijuana, Óscar Jesús Páez Ruiz, señaló que existen alrededor de 850 casos de personas cuyas propiedades tienen engomado rojo y reconoció que su reubicación no puede concretarse a corto plazo.
Esta investigación reúne la información divulgada por la autoridad, el antecedente judicial y los instrumentos municipales disponibles. No atribuye intenciones no demostradas ni presenta como concluido un proceso que sigue abierto.
LO CONFIRMADO EN CALLE PIÑITAS
De acuerdo con declaraciones de Páez Ruiz publicadas por Semanario ZETA este 13 de septiembre, Protección Civil solicitó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana cortar el agua a 22 viviendas afectadas por un deslizamiento. La explicación municipal es que el terreno debe permanecer seco para permitir la construcción de un muro de contención ordenado dentro de un proceso judicial.
El funcionario negó que la medida fuera una represalia contra residentes que obtuvieron un amparo para exigir obras de remediación. También sostuvo que más de la mitad de las viviendas ya no contaban con agua y que algunas estaban desocupadas; según su versión, sólo dos o tres mantenían el servicio mediante reconexiones.
La versión del Ayuntamiento debe distinguirse de la percepción de las personas afectadas. El corte ocurrió sin aviso previo, según el reporte periodístico, mientras la ciudad enfrentaba temperaturas superiores a 30 grados. La autoridad argumentó que los engomados de riesgo ya advertían que los servicios podían ser retirados.
EL MURO SIGUE SIN CALENDARIO PÚBLICO
La principal brecha de información permanece abierta: Protección Civil explicó que el corte busca preparar la zona para la obra, pero su director dijo desconocer cuándo comenzará el muro de contención. Es decir, existe una medida inmediata sobre el servicio de agua, pero no un calendario público equivalente para la solución estructural.
También falta conocer el proyecto ejecutivo, el presupuesto asignado, la dependencia responsable de contratar la obra y los plazos establecidos por el juzgado. Sin esos documentos no es posible determinar cuánto tiempo permanecerá la zona sin servicio ni evaluar si las acciones municipales cumplen completamente la resolución judicial.
850 CASOS BAJO ENGOMADO ROJO
Páez Ruiz afirmó que alrededor de 850 personas tienen propiedades con engomado rojo y que la Secretaría de Gobierno busca terrenos para reubicar a quienes habitan zonas de alto riesgo. Añadió que la cantidad podría atenderse, pero no en el corto plazo, porque primero deben gestionarse suelo y servicios públicos.
La cifra muestra que Piñitas no es un incidente aislado. El propio portal de Protección Civil mantiene un Atlas Municipal de Riesgos actualizado en 2024 y registra intervenciones recientes por inestabilidad de taludes y reclasificación de viviendas. Sin embargo, la información pública consultada no presenta en un solo tablero el número de familias desalojadas, las reubicaciones concluidas, los recursos disponibles ni el avance de cada deslizamiento.
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN ABIERTAS
- ¿Cuál es la fecha de inicio y terminación del muro de contención en calle Piñitas?
- ¿Qué presupuesto y contrato respaldan la obra?
- ¿Qué medidas de abastecimiento temporal recibirán las familias sin agua?
- ¿Cuántas de las 850 personas señaladas continúan habitando inmuebles con engomado rojo?
- ¿Qué terrenos se analizan para reubicación y bajo qué criterios se asignarán?
- ¿Cómo podrán participar los afectados en las sesiones donde se toman decisiones sobre sus viviendas?
El Ayuntamiento dispone del sistema T-Atiende para recibir solicitudes ciudadanas y del Atlas Municipal de Riesgos como instrumento de consulta. La existencia de esas vías, sin embargo, no sustituye la obligación de publicar calendarios, responsables y avances verificables para cada zona afectada.
