INVESTIGACIÓN ESPECIAL: 430 MILLONES EN CONTRATOS DIRECTOS DE LA FISCALÍA DE BAJA CALIFORNIA QUEDAN BAJO ESCRUTINIO
INVESTIGACIÓN DIEZ10
MEXICALI, B.C.— La aprobación legislativa de la cuenta pública de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) dejó abierta una pregunta de fondo: ¿cómo se asignaron y justificaron aproximadamente 430 millones de pesos en contratos entregados mediante adjudicación directa?
El dato surgió durante la discusión del Dictamen 223 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Reportes de Lindero Norte y En Línea BC coinciden en que el documento fue aprobado con 14 votos de la mayoría integrada por Morena y sus aliados.
Durante la discusión, la diputada del Partido del Trabajo Yohana Gilvaja cuestionó el volumen de las asignaciones directas y lanzó señalamientos sobre posibles favoritismos. Es importante distinguir: esas expresiones corresponden a la postura política de una legisladora. Por sí solas no prueban desvío de recursos, conflicto de interés ni responsabilidad administrativa o penal.
LO CONFIRMADO
- La cuenta pública de la FGEBC fue sometida a revisión legislativa mediante el Dictamen 223.
- La cifra de 430 millones de pesos en contrataciones directas fue planteada durante la discusión pública.
- La cuenta recibió los votos necesarios para su aprobación en el Congreso estatal.
- Una diputada integrante de la Legislatura objetó el monto y la forma de contratación.
La página oficial del Congreso de Baja California concentra la actividad de la Comisión de Fiscalización y las sesiones legislativas. La plataforma de transparencia de la Auditoría Superior del Estado es el espacio institucional donde deben localizarse informes, actas y documentación relacionada con la fiscalización.
LO QUE NO DEMUESTRA LA APROBACIÓN
Aprobar una cuenta pública no significa automáticamente que cada compra haya sido la opción más económica, que todos los proveedores hayan competido en igualdad de condiciones o que la información disponible para la ciudadanía sea suficiente. Tampoco equivale, en sentido contrario, a acreditar que existió una conducta ilícita.
Para evaluar los 430 millones no basta conocer el total. Se requiere identificar cada contrato, su objeto, proveedor, fecha, monto, vigencia, fuente presupuestal y la excepción legal utilizada para no realizar una licitación abierta.
Las adjudicaciones directas pueden estar permitidas por la normativa cuando existen supuestos específicos, como urgencias, condiciones técnicas o razones de seguridad. Pero la excepción debe quedar documentada y ser proporcional; el carácter sensible de una institución de procuración de justicia no elimina su obligación de rendir cuentas.
LAS PIEZAS QUE FALTAN
En la información pública localizada para este corte no aparece un desglose accesible que permita responder, contrato por contrato, las siguientes preguntas:
- ¿Cuántos procedimientos integran los 430 millones de pesos?
- ¿Qué bienes o servicios fueron adquiridos?
- ¿Qué empresas o personas recibieron los contratos y quiénes son sus propietarios?
- ¿Qué fundamento de excepción se invocó en cada adjudicación?
- ¿Hubo estudios de mercado, cotizaciones comparativas o dictámenes técnicos?
- ¿La Auditoría Superior emitió observaciones, recomendaciones o promociones de responsabilidad?
- ¿Las observaciones, si existieron, fueron solventadas antes de la votación?
POR QUÉ IMPORTA PARA LA SEGURIDAD
El presupuesto de una fiscalía se traduce en capacidades concretas: investigación criminal, servicios periciales, tecnología, vehículos, infraestructura, atención a víctimas y condiciones laborales. Una contratación deficiente puede reducir esos recursos; una compra justificada y comprobada puede fortalecerlos.
Por eso, el debate no debe limitarse a la disputa entre bancadas. La prueba verificable estará en los expedientes de contratación y en el informe de auditoría: documentos que permitan seguir el dinero desde la autorización presupuestal hasta el servicio o bien recibido.
EL SIGUIENTE PASO
La rendición de cuentas exige publicar el Dictamen 223 completo, el informe individual de auditoría y una relación descargable de las adjudicaciones señaladas. También corresponde a la FGEBC explicar qué adquirió, por qué eligió la vía directa y qué resultados obtuvo.
Mientras esos documentos no estén reunidos en un formato fácilmente consultable, la cifra de 430 millones seguirá en una zona de escrutinio público. La ausencia de desglose no autoriza a afirmar que hubo corrupción, pero sí justifica solicitar transparencia suficiente para verificar el uso del dinero.
Fuentes consultadas: Lindero Norte; En Línea BC; Congreso del Estado de Baja California; y Auditoría Superior del Estado de Baja California. Corte informativo: 12 de septiembre de 2026.
