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ANÁLISIS: LAS CIFRAS DEL PLAN HÍDRICO NECESITAN UN DESGLOSE PÚBLICO

ANÁLISIS DE DIEZ10. El Gobierno de Baja California ha difundido dos cifras casi idénticas para alcances aparentemente distintos de su estrategia hídrica. La diferencia no prueba una irregularidad, pero sí hace necesario publicar un desglose que permita saber qué proyectos, etapas y fuentes de financiamiento están comprendidos en cada monto.

HECHOS VERIFICABLES

El 23 de septiembre, una comunicación oficial del Gobierno del Estado informó que la planta desalinizadora de Playas de Rosarito representaría una inversión superior a 15 mil 600 millones de pesos, integrada con recursos federales y estatales. El mismo comunicado señaló una capacidad proyectada de 2 mil 200 litros por segundo y 64.5 kilómetros de obras complementarias.

En el marco del Quinto Informe de Gobierno, la administración estatal presentó después una inversión proyectada de 15 mil 616.8 millones de pesos para un paquete más amplio de agua potable y saneamiento. Las coberturas difundidas el 2 y 3 de noviembre incluyen dentro de ese total la desaladora de Rosarito, la recuperación del Río Tijuana, el Sistema de Alejamiento de Aguas Tratadas, proyectos de abastecimiento en San Quintín y drenaje sanitario en Primo Tapia.

Entre los componentes con cantidad propia aparecen 3 mil millones de pesos para el Río Tijuana, 681 millones para el sistema de alejamiento y más de mil 578 millones para San Quintín. Esos tres rubros suman al menos 5 mil 259 millones de pesos, sin contar la desaladora ni las demás obras mencionadas.

LA DIFERENCIA DE ALCANCE

Una comunicación atribuye más de 15 mil 600 millones únicamente a la desaladora y sus obras complementarias. La comunicación posterior presenta 15 mil 616.8 millones como el monto de una estrategia estatal que incluye esa planta y otros proyectos.

Con la información pública localizada no es posible determinar si se trata de presupuestos con horizontes distintos, si la cifra de la desaladora incluye etapas que no forman parte del paquete del Quinto Informe, si algunos componentes tienen financiamiento separado o si el mismo monto fue descrito con alcances diferentes.

VALORACIÓN EDITORIAL

Una inversión de esta magnitud requiere una ficha pública consolidada. El dato total, por sí solo, no permite evaluar cuánto está aprobado, cuánto corresponde a aportaciones federales o estatales, qué parte está contratada, cuáles son los calendarios ni qué obras están todavía en etapa de proyecto.

La transparencia es especialmente relevante porque el Plan Estatal de Desarrollo reconoce problemas de continuidad en el suministro de la Zona Costa, infraestructura sanitaria insuficiente y plantas de tratamiento con capacidad o eficiencia limitadas. El impacto de las obras debe medirse con indicadores verificables: agua adicional entregada, continuidad del servicio, volumen tratado, reducción de descargas y población efectivamente conectada.

PREGUNTAS PENDIENTES

  • ¿Los 15 mil 616.8 millones corresponden al paquete completo o a la desaladora y su conducción?
  • ¿Qué monto tiene cada obra y qué proporción aportan la Federación y el Estado?
  • ¿Qué recursos ya están autorizados y cuáles siguen como proyección?
  • ¿Cuáles son las fechas de licitación, construcción y entrada en operación?
  • ¿Qué indicadores públicos permitirán comprobar los resultados?

Estas preguntas no implican que exista un desvío o una duplicación presupuestal. Señalan una diferencia de alcance en la comunicación pública que debe aclararse con documentos presupuestarios y técnicos.

FUENTES Y DOCUMENTOS

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