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CUATRO CARPETAS POR MONTACHOQUES CITAN A POLICÍAS

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.— Nuevos datos sobre la operación de grupos conocidos como “montachoques” representan una actualización material respecto de la alerta publicada por Diez10 el 16 de septiembre: de siete carpetas de investigación iniciadas desde mayo por hechos atribuidos a esta modalidad, al menos cuatro contienen señalamientos sobre la posible intervención o apoyo de policías municipales.

La cifra fue documentada por Semanario ZETA a partir de expedientes, testimonios de víctimas y entrevistas con investigadores. Su existencia no acredita por sí sola la responsabilidad penal o administrativa de algún agente. Las menciones forman parte de denuncias que deben ser verificadas individualmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) y los órganos municipales de control.

QUÉ CAMBIÓ DESDE LA PRIMERA ALERTA

El primer reporte de Diez10 informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) había detenido a diez personas de dos grupos que presuntamente provocaban choques para exigir dinero. La autoridad ubicó su actividad principalmente en Vía Rápida y bulevar Insurgentes.

La información publicada ahora amplía el mapa: los expedientes revisados refieren hechos en Zona Río, carretera Aeropuerto, bulevar Bellas Artes y Otay. Las cantidades exigidas, según los testimonios incorporados a las denuncias, van de 12 mil a 90 mil pesos. En algunos casos las víctimas afirmaron haber entregado dólares, documentos o incluso vehículos ante amenazas de perder la unidad o ser detenidas.

Los relatos tienen elementos coincidentes: vehículos con placas de California, maniobras para provocar o simular un choque, supuestos ajustadores que llegan en pocos minutos, negativa a esperar un peritaje formal y presión para pagar de inmediato.

LAS MENCIONES A POLICÍAS NO SON SENTENCIAS

En cuatro de las siete carpetas, las personas denunciantes mencionaron conductas atribuidas a agentes municipales: recomendar el pago, advertir sobre una posible detención, respaldar la versión de quienes exigían dinero o no intervenir ante la pérdida de un vehículo.

Hasta ahora no se ha informado públicamente cuántos policías han sido identificados, si la Sindicatura Procuradora abrió expedientes administrativos, si Asuntos Internos recibió quejas o si algún elemento fue suspendido. Tampoco hay una resolución judicial que pruebe una red de colaboración entre servidores públicos y grupos dedicados a este fraude.

Por esa razón, Diez10 presenta los señalamientos como parte de investigaciones abiertas, no como hechos judicialmente acreditados. Corresponde a la FGE determinar si existieron fraude, extorsión, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad u otras conductas; y al Ayuntamiento aclarar la actuación de sus agentes.

SIETE EXPEDIENTES Y UN PROBLEMA DE CLASIFICACIÓN

La modalidad “montachoques” no aparece como un delito autónomo en la legislación penal. Los casos pueden registrarse como daño en propiedad ajena, daño intencional, fraude, extorsión u otra figura, según la conducta y la evidencia disponible. Esa dispersión dificulta saber cuántos asuntos existen realmente, comparar resultados y medir cuántos terminaron en detención, vinculación a proceso o sentencia.

Uno de los expedientes citados por ZETA lleva el número NUC-09338-2026. En otro caso, dos personas fueron detenidas después de que una víctima pidió ayuda a policías que circulaban por la zona; fueron vinculadas en libertad, de acuerdo con el reporte periodístico, pero el procedimiento no ha avanzado porque las partes no respondieron a requerimientos posteriores.

LA RESPUESTA MUNICIPAL

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, declaró el 16 de septiembre que la Policía Municipal había desarticulado dos células y detenido a diez personas durante los tres meses anteriores. La corporación también reportó en agosto la detención de un hombre de 54 años señalado por provocar un choque y exigir mil 500 dólares a un adulto mayor en Zona Río.

Esas acciones muestran intervenciones contra los presuntos responsables, pero no responden a la nueva pregunta de fondo: qué revisión interna se realizará sobre los agentes mencionados en las carpetas y cómo se evitará que un policía que llegue a un percance influya para que una persona entregue dinero sin peritaje.

LO QUE FALTA POR TRANSPARENTAR

Para dimensionar el problema, la FGE y el Ayuntamiento deberían publicar, sin revelar datos de víctimas, el número de carpetas por año; delitos bajo los que fueron registradas; detenciones, vinculaciones y sentencias; cantidad de agentes señalados; expedientes en Sindicatura o Asuntos Internos; y protocolos aplicables cuando un policía preventivo atiende un choque.

La SSPCM ha recomendado no entregar dinero, permanecer en un sitio seguro, llamar al 9-1-1 y solicitar la intervención formal de la autoridad. También es importante documentar placas y características de vehículos únicamente cuando hacerlo no implique ponerse en riesgo, contactar a la aseguradora mediante sus canales oficiales y conservar cualquier comprobante o grabación.

FUENTES Y ANTECEDENTES

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