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DESPOJO EN BC: 6,665 DENUNCIAS SIN DATOS HOMOLOGADOS

INVESTIGACIÓN DIEZ10.— Una cifra encendió nuevamente la discusión sobre los despojos inmobiliarios en Baja California: 6 mil 665 denuncias durante el periodo atribuido al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, frente a 31 juicios iniciados y 32 personas sentenciadas en 20 carpetas.

El contraste apunta a una brecha grave entre la denuncia y la resolución judicial. Sin embargo, una revisión de Diez10 también encontró que los datos difundidos no permiten calcular con rigor una tasa de judicialización o de sentencia: el periodo publicado es incongruente y no existe una base pública que conecte cada denuncia con su resultado procesal.

QUÉ DICEN LAS CIFRAS DIFUNDIDAS

El reportaje de Semanario ZETA, publicado el 21 de septiembre, atribuye a estadísticas oficiales 6 mil 665 denuncias por despojo, 31 juicios iniciados y 32 personas sentenciadas dentro de 20 carpetas.

Si los 31 juicios pertenecieran al mismo universo de 6 mil 665 denuncias, su magnitud equivaldría a menos de medio juicio por cada 100 denuncias. Pero esa división no debe presentarse como una tasa definitiva: una denuncia puede acumularse con otras, reclasificarse, archivarse, permanecer en investigación o generar un proceso en un periodo posterior.

Además, “personas sentenciadas” y “carpetas con sentencia” no son unidades equivalentes. Una carpeta puede involucrar a varias personas y una sentencia puede resolver hechos denunciados años antes.

EL PERIODO PUBLICADO NO CUADRA

La nota fuente señala que el periodo revisado va “del 1 de noviembre de 2019 al 15 de septiembre de 2021” y lo identifica como parte del gobierno de Marina del Pilar. Esa temporalidad es incompatible con el registro oficial del Gobierno de Baja California, que ubica el inicio de su administración el 1 de noviembre de 2021.

La diferencia no es menor: impide saber si se trata de un error de transcripción, si el corte correcto termina en septiembre de 2026 o si las 6 mil 665 denuncias abarcan otra administración. Diez10 no modificó el rango ni asumió cuál sería la fecha correcta.

NO HAY TRAZABILIDAD PÚBLICA ENTRE FISCALÍA Y PODER JUDICIAL

La Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal ofrece un portal de incidencia delictiva y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica bases abiertas del fuero común. El Poder Judicial de Baja California también dispone de un apartado de estadísticas y boletines judiciales.

El problema es que esas plataformas no presentan una tabla homologada que permita seguir el recorrido de las denuncias por despojo: cuántas fueron archivadas, judicializadas, vinculadas a proceso, concluidas por acuerdo, absueltas o terminaron con sentencia condenatoria.

Los boletines judiciales confirman que durante 2026 han existido resoluciones y sentencias relacionadas con despojo en distintos municipios. No bastan, sin embargo, para reconstruir el universo completo ni verificar por sí solos las 31 causas y las 20 carpetas mencionadas.

QUÉ DEBEN PUBLICAR LAS AUTORIDADES

Para medir resultados sin mezclar universos, la FGE y el Poder Judicial tendrían que publicar una serie anual y municipal con al menos cinco campos comparables: denuncias recibidas, carpetas judicializadas, vinculaciones a proceso, causas concluidas y sentencias firmes.

También deberían precisar el periodo exacto de las 6 mil 665 denuncias y explicar si los 31 juicios y las 20 carpetas con sentencia derivan de ese mismo conjunto.

La información disponible permite confirmar que el despojo es un problema de miles de denuncias y que existen pocos procesos reportados en comparación. No permite afirmar, sin esos cruces, que cada denuncia restante fue ignorada ni atribuir responsabilidades penales a funcionarios o particulares específicos.

FUENTES Y DOCUMENTOS

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