OPINIÓN: TRANSPARENCIA PARA LA DEUDA DEL SITT
POR DÉCIMO DIEZ
ANÁLISIS Y OPINIÓN.— Una negociación puede ser una salida responsable cuando evita un juicio costoso o una condena mayor. Pero si el acuerdo compromete recursos públicos durante una década, la transparencia no puede esperar hasta después de la firma.
HECHOS VERIFICABLES
El Ayuntamiento de Tijuana autorizó a la Tesorería y a la Consejería Jurídica a negociar y formalizar convenios relacionados con litigios del SITT. Los expedientes 237/2023 J.C. y 382/2023 J.Q. aparecen en documentos del organismo municipal como pasivos contingentes.
Brújula News reportó que las reclamaciones vinculadas con SITTSA y SOPROES suman alrededor de 1,600 millones de pesos y que se plantea un pago diferido hasta por 120 mensualidades. También informó que los juicios siguen en etapa probatoria y que no existen sentencias definitivas.
El mismo reporte documentó una investigación por posible fraude procesal. La existencia de esa investigación no acredita un delito ni responsabilidades; únicamente añade una condición jurídica que el municipio debe explicar antes de comprometer recursos.
Si se dividieran 1,600 millones de pesos entre 120 mensualidades iguales, el promedio sería de aproximadamente 13.3 millones al mes, sin considerar intereses, actualizaciones, anticipos u otras cláusulas. Es una referencia matemática, no el calendario confirmado del convenio.
VALORACIÓN EDITORIAL
El problema central no es negociar. El problema es pedirle a la ciudad que confíe sin mostrar las cuentas.
Una administración responsable debe comparar públicamente dos escenarios: cuánto costaría continuar los litigios y cuánto costaría terminarlos mediante convenio. Sin esa comparación, la afirmación de que el acuerdo protege las finanzas municipales queda reducida a una promesa.
También debe conocerse quién calculó el monto, qué evidencia sostiene cada reclamación y qué controles impedirían pagar cantidades que después pudieran ser cuestionadas por una autoridad judicial o penal.
Comprometer presupuesto durante diez años significa trasladar consecuencias a futuras administraciones y a ciudadanos que quizá no reciban una mejora equivalente en transporte. Por eso la discusión no puede limitarse a una negociación entre abogados, funcionarios y empresas. Debe incluir al Cabildo, a los órganos fiscalizadores y a la sociedad.
LO MÍNIMO EXIGIBLE
Antes de cualquier firma, el Ayuntamiento debería publicar el proyecto completo del convenio, los dictámenes jurídicos y financieros, el monto reconocido por cada empresa, la fuente de pago y las cláusulas que protejan al municipio si cambian las resoluciones de los tribunales.
También sería razonable que Sindicatura explique si revisó posibles conflictos de interés y que cada integrante del Cabildo haga público el sentido y fundamento de su voto.
Resolver el desastre histórico del SITT es necesario. Convertir reclamaciones sin sentencia en una obligación multimillonaria, sin una explicación igualmente grande, no lo es.
