Por Décimo Diez

Hay momentos en los que un gobierno deja de controlar la conversación pública. No importa cuántas conferencias ofrezca, cuántos comunicados publique ni cuántas veces repita que todo está bajo control.

El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda parece haber llegado a ese punto.

Baja California enfrenta una administración que acumula crisis políticas y de seguridad mientras su gobernadora dedica buena parte de su capital político a explicar escándalos que simplemente no deberían rodear a quien encabeza uno de los estados estratégicamente más importantes del país.

Primero fue la visa.

En mayo de 2025, Marina del Pilar confirmó públicamente que el gobierno de Estados Unidos le había revocado su visa de no inmigrante. No fue un rumor de redes sociales ni una acusación de la oposición: lo informó la propia gobernadora.

Hasta hoy, Washington no ha explicado públicamente las razones específicas de aquella decisión. Y precisamente por eso sería irresponsable afirmar como hecho que la cancelación demuestra la comisión de algún delito.

Pero políticamente el problema es enorme.

Estamos hablando de la gobernadora de Baja California, una entidad cuya economía, seguridad, turismo y vida cotidiana están íntimamente ligados a Estados Unidos. Que su mandataria no pueda ingresar al país vecino es cualquier cosa menos un detalle administrativo.

Después llegaron los audios.

La propia Marina reconoció que las grabaciones difundidas corresponden a fragmentos de una conversación privada suya con personas que se presentaron como vinculadas o intermediarias de autoridades estadounidenses. Posteriormente sostuvo que el material fue manipulado, editado y sacado de contexto, y aseguró haber sido víctima de una “emboscada psicológica”. (El Universal)

Pero incluso aceptando su explicación, aparece una pregunta incómoda:

¿Cómo puede la gobernadora de un estado fronterizo sentarse a discutir asuntos tan delicados con personas cuya representación, según su propia versión, ni siquiera estaba formalmente acreditada?

Eso no tranquiliza. Al contrario.

Si los interlocutores eran auténticos, el contenido conocido de las conversaciones merece explicaciones exhaustivas. Si no lo eran, entonces estamos ante una falla de criterio y seguridad institucional difícil de justificar para una gobernadora que recibe información sensible y participa en mesas de seguridad.

Marina también ha negado haber entregado información confidencial o haber traicionado al país y atribuyó el episodio a una trampa política relacionada con el exgobernador Jaime Bonilla, quien ha rechazado esas acusaciones. (El País)

Y ahora aparece otro contraste imposible de ignorar.

Estados Unidos emitió una alerta por una potencial amenaza en Mexicali y suspendió temporalmente actividades oficiales y viajes de su personal hacia la capital bajacaliforniana.

Mientras tanto, el gobierno estatal pidió calma y sostuvo que no existían elementos para confirmar una amenaza concreta contra la población.

Sin embargo, hubo reforzamiento de seguridad y medidas extraordinarias.

Entonces, ¿en qué quedamos?

Porque un gobierno competente no puede vivir permanentemente reaccionando. Gobernar no consiste solamente en salir después de cada crisis a explicar por qué las cosas no son tan graves como parecen.

Gobernar también es generar confianza.

Y ése quizá sea el mayor problema que enfrenta Marina del Pilar.

No se necesita fabricar ninguna acusación para cuestionar su administración. Los hechos políticamente incómodos ya existen: Estados Unidos le revocó la visa; aparecieron conversaciones privadas cuya voz reconoció; tuvo que explicar por qué habló con personas cuya representación no estaba acreditada; y ahora una alerta estadounidense vuelve a poner la seguridad de Baja California bajo los reflectores.

Cada episodio por separado podría explicarse.

Todos juntos construyen una imagen mucho más difícil de defender.

La incompetencia política no necesariamente consiste en cometer un delito. También puede manifestarse en perder el control de la agenda, rodearse de crisis evitables, tomar decisiones cuestionables y después obligar a todo un gobierno a trabajar para explicar a su gobernante en lugar de explicar sus resultados.

Baja California merece algo mejor que vivir preguntándose cuál será el próximo escándalo que tendrá que aclarar su gobernadora.

Porque mientras Marina del Pilar intenta convencer a los bajacalifornianos de que todo tiene una explicación, cada vez resulta más difícil ignorar una pregunta mucho más sencilla:

¿Quién está gobernando Baja California mientras el gobierno se dedica a defender a Marina del Pilar?