FGE VETA A EMPRESAS SANCIONADAS
SEGUIMIENTO DIEZ10 | BAJA CALIFORNIA.— La Fiscalía General del Estado anunció este domingo que excluirá de nuevas contrataciones a las empresas incluidas en las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que su Órgano Interno de Control revisa los procedimientos mediante los cuales se adjudicaron contratos a dos de esas compañías.
La decisión constituye una actualización material de la investigación publicada por Diez10 sobre adquisiciones de uniformes, equipo táctico y tecnología a Inteliproof Efficient, así como del seguimiento sobre la revisión estatal.
FGE RECONOCE 75 MILLONES EN CONTRATOS
La fiscal general María Elena Andrade informó públicamente que las contrataciones identificadas con dos empresas sancionadas suman aproximadamente 75 millones de pesos.
Entre los expedientes mencionados aparecen contratos con Inteliproof Efficient por montos aproximados de 29.2 millones, 16.3 millones, 10.4 millones y 4.6 millones de pesos, celebrados mediante licitaciones y adjudicaciones durante 2023.
La cifra oficial amplía de manera sustancial el alcance conocido hasta ahora. La primera revisión de Diez10 había documentado conceptos específicos por al menos 1.8 millones de pesos, cantidad que se presentó expresamente como parcial y no como el total de la relación contractual.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CURSO
De acuerdo con la titular de la Fiscalía, el Órgano Interno de Control examina los procedimientos administrativos empleados para las contrataciones. La dependencia sostiene que, cuando se formalizaron, las empresas no aparecían sancionadas en México ni en Estados Unidos y que los expedientes pasaron por el padrón de proveedores y el Comité de Adquisiciones.
La inclusión de compañías y personas en la lista estadounidense ocurrió el 29 de septiembre de 2026. Esa designación congela bienes sujetos a jurisdicción de Estados Unidos y restringe operaciones con personas estadounidenses, pero no constituye por sí sola una sentencia penal en México.
EL VETO NO CIERRA LAS PREGUNTAS
Impedir nuevas contrataciones reduce un riesgo futuro, pero no resuelve qué bienes y servicios fueron entregados, cuánto se pagó efectivamente, qué funcionarios autorizaron cada procedimiento ni si los controles internos detectaron señales de alerta antes de la sanción.
La Fiscalía tampoco ha presentado todavía, en un solo informe público verificable, el inventario completo de contratos, pagos, entregables, dictámenes técnicos y conclusiones de la revisión. La cifra de 75 millones deberá sostenerse con los expedientes íntegros y aclarar si incluye únicamente contratos formalizados o también convenios, ampliaciones y pagos complementarios.
También falta precisar si el veto anunciado afecta solamente futuras licitaciones o si producirá consecuencias sobre contratos vigentes, garantías, servicios en curso o acceso de proveedores a sistemas e instalaciones institucionales.
Esta publicación es un seguimiento de dos notas previas de Diez10. Los señalamientos de la autoridad estadounidense y la revisión administrativa no acreditan por sí solos responsabilidad penal. Fuente base: declaraciones públicas de la fiscal general María Elena Andrade; expedientes contractuales identificados por la FGE; actualización de sanciones del Departamento del Tesoro del 29 de septiembre de 2026.
