BC ADMITE CONTRATOS CON SANCIONADOS

SEGUIMIENTO DIEZ10

El Gobierno de Baja California confirmó este jueves que localizó contrataciones formalizadas con algunas personas o empresas incluidas en la lista de sanciones publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

La confirmación constituye una actualización material de la investigación publicada previamente por Diez10 sobre adquisiciones de equipo táctico, uniformes y tecnología realizadas a una empresa posteriormente designada por la autoridad estadounidense.

EXPEDIENTES BAJO REVISIÓN

De acuerdo con la información pública difundida por el Ejecutivo estatal, la Oficialía Mayor revisó archivos físicos y digitales y entregó los expedientes localizados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que deberá analizar si existieron irregularidades o riesgos operativos o patrimoniales.

La administración estatal sostuvo que, al momento de celebrarse los contratos, las personas proveedoras no aparecían inhabilitadas o sancionadas en los registros consultados. También afirmó que se verificaron obligaciones fiscales, posibles conflictos de interés y prohibiciones previstas en la legislación aplicable.

La existencia de contratos anteriores a la sanción de OFAC no demuestra por sí misma que las autoridades estatales conocieran las conductas atribuidas posteriormente a las empresas o a sus responsables. Tampoco equivale a una determinación de responsabilidad administrativa o penal.

Sin embargo, la revisión anunciada sí abre preguntas que requieren respuestas documentales: qué dependencias contrataron, por qué montos, mediante qué procedimientos, qué bienes o servicios recibieron y si los controles internos detectaron riesgos antes de la designación estadounidense.

NUEVA RESTRICCIÓN PARA PROVEEDORES

Como medida preventiva, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ordenó que las personas físicas o morales señaladas por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas no puedan participar como proveedoras del Poder Ejecutivo estatal mientras no aclaren formalmente su situación jurídica.

El Gobierno aclaró que esta disposición no representa una conclusión anticipada sobre la legalidad de los contratos existentes. La revisión deberá establecer si hubo incumplimientos, vulnerabilidades o responsabilidades conforme a la ley.

LA FGE TIENE EXPEDIENTES PROPIOS

La administración estatal también señaló que la Fiscalía General del Estado cuenta con autonomía constitucional, presupuestal y administrativa para realizar sus compras y resguardar sus expedientes. Por esa razón, la revisión de la Oficialía Mayor no sustituye la obligación de la FGE de transparentar y examinar sus propias contrataciones.

El mismo criterio aplica a organismos paraestatales que formalizan contratos, supervisan entregas y realizan pagos mediante sus propios subcomités de adquisiciones. Para conocer el alcance total será necesario integrar la información de esas entidades, no solamente la disponible en los archivos centrales.

En materia de seguridad, el Ejecutivo afirmó que los sistemas y bases de datos institucionales permanecen bajo custodia de personal autorizado. Hasta ahora no se ha informado públicamente de una afectación a esos sistemas.

LO QUE TODAVÍA FALTA

La remisión de expedientes es apenas el inicio. Para evaluar la respuesta oficial deberán publicarse, al menos, el listado completo de contratos identificados, las dependencias involucradas, los montos, los procedimientos de adjudicación y las conclusiones de la Secretaría Anticorrupción.

La actualización de OFAC del 29 de septiembre identifica a empresas y personas que, según el Departamento del Tesoro, habrían formado parte de una red de apoyo y lavado de dinero vinculada con una facción del Cártel de Sinaloa. Esas designaciones son medidas administrativas de Estados Unidos y no sustituyen un proceso penal en México.

Esta nota es un seguimiento de información previamente publicada por Diez10. Los señalamientos de OFAC y la revisión administrativa no constituyen por sí solos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal.