OPINIÓN: LA CAMPAÑA EMPEZÓ ANTES QUE EL CALENDARIO
OPINIÓN | DÉCIMO DIEZ
En Baja California existe una distancia cada vez más difícil de ignorar: el calendario electoral dice que las precampañas comenzarán en enero de 2027, pero la competencia política por la gubernatura empezó muchos meses antes.
No se trata de negar a los partidos su vida interna ni de impedir que una figura pública recorra el estado. El problema aparece cuando los procesos internos producen propaganda personalizada, actos multitudinarios, estructuras de promoción y una candidatura prácticamente definida antes de que comience el periodo legal diseñado para competir por ella.
LOS HECHOS VERIFICABLES
El Instituto Nacional Electoral establece que la precampaña para la gubernatura de Baja California comenzará el 4 de enero de 2027. La campaña constitucional iniciará el 4 de abril, concluirá el 2 de junio y la jornada electoral se realizará el 6 de junio.
Morena, sin embargo, abrió desde junio de 2026 un proceso para elegir a su “coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”. El 15 de septiembre anunció a Julieta Ramírez como coordinadora. En los meses anteriores hubo recorridos, reuniones y promoción de distintos aspirantes.
También se han presentado denuncias por posibles actos anticipados de campaña y promoción personalizada. La existencia de esas denuncias no acredita por sí sola una infracción: corresponde a las autoridades electorales investigar, valorar las pruebas y resolver. Un tribunal ordenó reabrir uno de los procedimientos relacionados con la promoción de Ramírez, sin que ello equivalga a una sentencia de responsabilidad.
EL ANÁLISIS DE DÉCIMO DIEZ
Cambiar el nombre de una precandidatura por el de “coordinación” no elimina su efecto político. Cuando un proceso interno determina quién encabezará la ruta hacia una gubernatura, moviliza simpatizantes y coloca propaganda personalizada ante el electorado, la diferencia entre organización partidista y precampaña se vuelve demasiado estrecha.
La crítica no debe limitarse a Morena. Cualquier partido, coalición o aspirante que adelante la competencia merece el mismo escrutinio. Las reglas pierden sentido si solo comienzan a aplicarse cuando la ciudadanía ya conoce a las candidaturas de facto y las estructuras territoriales llevan meses operando.
El punto más delicado es el origen de los recursos. Toda promoción anticipada debe permitir responder preguntas elementales: quién pagó los anuncios, los traslados, los eventos y la movilización; qué personal participó; y si hubo servidores públicos, programas sociales o bienes institucionales involucrados. Sin esa trazabilidad, la contienda arranca con una ventaja imposible de medir.
RESOLVER ANTES DE QUE SEA TARDE
Las autoridades electorales suelen enfrentar un dilema: investigar con cuidado o resolver a tiempo. Deben hacer ambas cosas. Una sanción o absolución dictada cuando la elección ya pasó puede cumplir el expediente, pero difícilmente repara la equidad de la competencia.
El INE y las autoridades locales deben publicar criterios claros sobre estos procesos disfrazados de coordinación, exigir reportes de gastos y resolver las denuncias pendientes antes de que inicien formalmente las precampañas. Los partidos, por su parte, deberían transparentar voluntariamente los recursos utilizados en sus recorridos y actos internos.
El calendario no puede ser una formalidad que todos citan y nadie respeta. Si la campaña ya empezó, las obligaciones de transparencia y fiscalización también debieron empezar.
DÉCIMO DIEZ
