PATRULLA ESPIRITUAL: MUERTES, CLAUSURA Y MILLONES
INVESTIGACIÓN DIEZ10
TIJUANA, B.C.— En menos de tres semanas, los centros de rehabilitación Jireh asociados públicamente con la llamada Patrulla Espiritual quedaron en el centro de tres investigaciones distintas: una causa penal por la muerte violenta de un joven de 28 años, una revisión sanitaria que derivó en la suspensión temporal de una de sus instalaciones y una auditoría municipal sobre 7.2 millones de pesos destinados a 300 becas de tratamiento.
El expediente también incluye una segunda muerte ocurrida el 5 de septiembre. Sin embargo, los resultados periciales de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) establecieron que ese fallecimiento fue por causas naturales. Confundir ambos casos produciría una conclusión incorrecta: la primera muerte es investigada como homicidio y tiene dos personas vinculadas a proceso; la segunda fue atribuida oficialmente a insuficiencia cardiaca y el enfermero inicialmente detenido fue liberado.
LA MUERTE DE RICHARD DAMIÁN
Richard Damián Pimentel, de 28 años, ingresó el 18 de agosto de 2026 a un centro Jireh de la colonia Poblado Ejido Matamoros para recibir atención por un problema de alcoholismo. Tres días después, el 21 de agosto, fue localizado sin vida dentro de un dormitorio.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos por la FGE durante una audiencia judicial y documentados por Punto Norte, Richard habría sido atado, golpeado y sometido por tres personas cuando presentaba un comportamiento alterado relacionado con la abstinencia. La versión presentada por el Ministerio Público sostiene que su cabeza fue presionada contra un colchón durante el sometimiento.
La necropsia estableció como causa de muerte asfixia mecánica por sofocación. Durante la audiencia, el médico legista refirió que el cuerpo presentaba 38 moretones. Otros reportes iniciales hablaron de más de 40 lesiones recientes; la diferencia numérica debe entenderse como una variación entre coberturas periodísticas, no como dos peritajes distintos confirmados.
La madre del joven declaró que la familia había pagado mil 200 dólares por el ingreso y que debía cubrir una cuota mensual de 840 dólares. Esos montos corresponden a su testimonio incorporado a la investigación y no deben confundirse con las becas financiadas por el Ayuntamiento.
DOS VINCULADOS A PROCESO Y MÁS ÓRDENES PENDIENTES
La FGE detuvo el 29 de agosto a Mario Antonio “N” y Anthony “N”. El 3 de septiembre, una jueza los vinculó a proceso por su probable participación en el homicidio y ordenó que permanecieran en prisión durante el desarrollo de la causa penal.
La vinculación a proceso no equivale a una sentencia. Las defensas cuestionaron horarios, testimonios y actuaciones de la Fiscalía, y sostuvieron que existían inconsistencias en la carpeta. La jueza consideró que había datos suficientes para que el proceso continuara.
La Fiscalía informó también que existían más órdenes de aprehensión por cumplimentar. Uno de los señalados en los datos presentados en audiencia es un encargado conocido como “El Cosalá”. Al cierre de esta investigación no se localizó una confirmación pública posterior que permita afirmar que esa persona ya fue detenida.
LA INTERVENCIÓN SANITARIA
El 4 de septiembre, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) realizó una inspección y suspendió temporalmente las actividades de una instalación Jireh. La autoridad estatal reportó deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internadas. También informó sobre la presencia de una persona armada que fungía como escolta.
En el operativo participaron dependencias estatales y federales, entre ellas autoridades sanitarias, de seguridad y de procuración de justicia. Se ofreció trasladar a los internos a otros centros con apoyo del Instituto de Psiquiatría del Estado.
Las fuentes periodísticas consultadas no coinciden plenamente sobre la sede que recibió los sellos. Algunas ubican el operativo en Ejido Matamoros y contabilizan 84 personas reubicadas; Punto Norte, al citar la información estatal, identificó un inmueble de Residencial del Bosque. La diferencia debe ser aclarada por COEPRIS antes de atribuir el cierre a una dirección específica.
LA SEGUNDA MUERTE NO FUE CLASIFICADA COMO HOMICIDIO
El 5 de septiembre, Máximo Montero Higuera, de 50 años, se desvaneció mientras se encontraba en otra instalación Jireh, en Residencial del Bosque. Fue auxiliado y trasladado al Hospital General de la Zona Este, donde falleció poco después.
Un hombre que se identificó como enfermero del centro fue retenido mientras la FGE determinaba las circunstancias. Tras revisar la necropsia y grabaciones de seguridad, la Fiscalía concluyó que Montero sufrió una insuficiencia cardiaca, cayó y se golpeó la cabeza. No encontró evidencia de una riña o agresión relacionada con su muerte, por lo que el enfermero recuperó la libertad.
Este resultado pericial no modifica la investigación por el fallecimiento de Richard Damián. Se trata de dos personas, dos fechas, dos sedes señaladas y conclusiones forenses diferentes.
LOS 7.2 MILLONES DE PESOS
El Ayuntamiento de Tijuana entregó el 28 de abril de 2026 un apoyo de 7.2 millones de pesos para el proyecto “Rescate y Vida Nueva”, incorporado al programa “Salud para Todos” y financiado mediante el fideicomiso Fondos Tijuana.
El cálculo presentado por la autoridad fue de 300 becas de 8 mil pesos mensuales durante tres meses. El servicio anunciado incluía rehabilitación, acompañamiento psicosocial y atención médica y psiquiátrica para personas con adicciones en condición vulnerable. La multiplicación de 300 beneficiarios por 8 mil pesos y tres meses corresponde exactamente a los 7.2 millones entregados.
El secretario de Desarrollo Económico municipal, Pedro Montejo Peterson, explicó que el subsidio no fue autorizado de manera unilateral por su dependencia, sino por el Comité Técnico del fideicomiso. De acuerdo con la integración publicada, participaron funcionarios municipales, regidores y la Sindicatura en calidad de comisaria.
La Sindicatura Procuradora solicitó desde el 13 de julio información sobre el padrón de beneficiarios y abrió una auditoría de estados financieros, actividades y operaciones. Esto significa que la revisión comenzó antes de que se conociera la muerte de Richard.
Según SEDETI, el centro entregó expedientes de las 300 personas, CURP y videos testimoniales, además de firmar un pagaré por el monto total como garantía. La entrega de documentos no significa que el gasto ya haya sido validado: la autoridad continúa revisando si cada beca se ejerció durante los tres meses y si se proporcionaron los servicios comprometidos.
Montejo Peterson señaló el 9 de septiembre que, si una beca no se ejerció completa o el proyecto no se comprueba satisfactoriamente, deberá reintegrarse el recurso correspondiente. La síndica Teresita Balderas ha indicado que, si la auditoría detecta un posible uso indebido, el expediente tendría que remitirse a las autoridades competentes.
LO QUE TODAVÍA NO ESTÁ RESUELTO
- El proceso penal por la muerte de Richard Damián continúa; no existe sentencia contra los dos imputados.
- No hay confirmación pública localizada sobre el cumplimiento de las órdenes de aprehensión adicionales mencionadas por la FGE.
- COEPRIS debe precisar públicamente qué instalaciones permanecen suspendidas, cuáles continúan operando y qué requisitos deberán cumplir para reabrir.
- La Sindicatura todavía no emite un dictamen final sobre los 7.2 millones de pesos.
- Falta conocer el resultado individualizado de la revisión de las 300 becas y si la suspensión de actividades interrumpió tratamientos financiados con dinero público.
EL PUNTO CENTRAL
La muerte violenta de un interno obliga a esclarecer responsabilidades individuales, pero también abrió preguntas institucionales: cómo se supervisaba el sometimiento de personas con síndrome de abstinencia, qué controles sanitarios existían, cómo se acreditaba el consentimiento para los internamientos y qué verificó el gobierno antes y después de entregar recursos públicos.
La investigación financiera no prueba por sí misma un desvío, así como la clausura administrativa no determina responsabilidad penal. Pero los tres frentes —penal, sanitario y presupuestal— deben producir resultados verificables. La rendición de cuentas no termina con anunciar una auditoría: requiere un dictamen público, trazabilidad de las becas y claridad sobre las condiciones en que fueron atendidas las personas.
Investigación elaborada con información judicial y declaraciones oficiales documentadas por Punto Norte sobre la audiencia de vinculación; el reporte de la intervención de COEPRIS; la conclusión de la FGE sobre la segunda muerte; la actualización de la auditoría municipal; y coberturas de Semanario ZETA sobre el peritaje inicial y el seguimiento del segundo fallecimiento. Corte informativo: 9 de septiembre de 2026.
