OPINIÓN: LOS DEEPFAKES EXIGEN UNA LEY CLARA EN BAJA CALIFORNIA
ANÁLISIS EDITORIAL. El Congreso de Baja California discute cómo responder al uso de inteligencia artificial para crear o alterar contenido íntimo sin consentimiento. La urgencia es real, pero una reforma eficaz exige precisión: debe distinguir con claridad qué conducta se sanciona, cómo se acredita la intención y qué herramientas tendrá la víctima para frenar la difusión.
HECHOS VERIFICADOS
El registro público del Congreso estatal muestra que el diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros presentó el 8 de octubre de 2026 una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 175 Sexties del Código Penal de Baja California. El documento fue turnado a la Comisión de Justicia.
La propuesta busca sancionar la creación, manipulación o difusión intencional de contenido erótico, sexual o íntimo atribuido a una persona sin su consentimiento mediante inteligencia artificial u otras tecnologías. El promovente ha señalado que el objetivo no es limitar la libertad de expresión ni el uso legítimo de estas herramientas.
El tema no llegó por primera vez al Congreso este mes. El propio archivo legislativo contiene propuestas anteriores relacionadas con imágenes sexuales falsas o manipuladas digitalmente. Esa coincidencia obliga a revisar en conjunto los textos para evitar disposiciones duplicadas o contradictorias.
Hasta ahora se trata de iniciativas en estudio. No constituyen una nueva ley vigente ni una reforma ya aprobada.
VALORACIÓN EDITORIAL
La respuesta legislativa debe comenzar por reconocer el daño concreto. Una imagen íntima falsa puede afectar la vida familiar, laboral y pública de una persona incluso cuando después se demuestra que fue fabricada. La velocidad de reproducción en redes vuelve insuficiente una solución basada solamente en castigar al responsable meses o años después.
Por eso, la discusión no debería reducirse al tamaño de una pena. Baja California necesita un mecanismo coherente que contemple preservación de evidencia, atención a víctimas y vías ágiles para solicitar el retiro del material, sin debilitar las garantías del debido proceso.
También importa definir la intención. No es lo mismo producir una pieza identificada como ficción o sátira que atribuir deliberadamente material sexual a una persona real para dañarla, extorsionarla o humillarla. Una redacción ambigua puede terminar siendo difícil de aplicar o demasiado amplia.
UNA REFORMA, NO UNA COLECCIÓN DE PROPUESTAS
La Comisión de Justicia tiene la oportunidad de integrar los planteamientos previos, escuchar a especialistas en derechos digitales, procuración de justicia y atención a víctimas, y presentar un solo dictamen técnicamente sólido. La cantidad de iniciativas no protege a nadie por sí misma.
El Congreso debería publicar con claridad el comparativo entre el texto vigente y la reforma que eventualmente someta a votación. Esa transparencia permitiría conocer si la propuesta resuelve vacíos reales, evita duplicidades y establece una conducta que fiscales y jueces puedan acreditar.
La inteligencia artificial cambia la escala del problema, pero no elimina principios básicos: consentimiento, privacidad, presunción de inocencia y libertad de expresión. Una buena ley debe sostenerlos al mismo tiempo. La prioridad es dar a las víctimas una respuesta útil y jurídicamente aplicable, no solamente producir un nuevo tipo penal de impacto mediático.