OPINIÓN: EL DESALOJO DE MORENA EXIGE CUENTAS CLARAS
OPINIÓN | DÉCIMO DIEZ. El desalojo de las oficinas de Morena en Tijuana no se aclara con una consigna ni con culpar de inmediato a una sola parte. Existe una orden judicial ejecutada, una sentencia mencionada por el abogado de la propietaria y una versión del partido que asegura haber pagado puntualmente a un subarrendador. La forma responsable de resolver la contradicción es publicar documentos.
HECHOS VERIFICABLES
El miércoles 28 de octubre fueron desalojadas las oficinas que ocupaba Morena Baja California en Tijuana. Mobiliario, equipo y otros artículos fueron retirados del inmueble en cumplimiento de una orden judicial relacionada con un conflicto de arrendamiento.
El abogado de la propietaria afirmó que la sentencia ronda los 160 mil dólares y que el contrato original no fue celebrado directamente con Morena. Según su versión, la persona que arrendó el inmueble dejó de cumplir sus obligaciones y el partido ocupaba el lugar mediante un acuerdo posterior.
Morena respondió mediante un comunicado que pagó a tiempo a quien le subarrendaba las oficinas y que el incumplimiento ocurrió entre ese intermediario y la parte propietaria. El partido sostuvo que ya contemplaba mudarse y anunció que dará a conocer otra ubicación.
ZETA reportó haber revisado un documento que identifica 36 mil 800 dólares en mensualidades vencidas entre enero de 2025 y abril de 2026. Esa cifra y los 160 mil dólares atribuidos a la sentencia no describen necesariamente el mismo concepto: la segunda podría incluir un periodo mayor, costos o efectos del proceso judicial. Sin acceso al expediente completo no corresponde tratarlas como equivalentes.
VALORACIÓN EDITORIAL
Una orden de desalojo prueba que el conflicto llegó a una resolución ejecutable sobre la entrega del inmueble. No demuestra por sí sola que Morena haya dejado de pagar a su contraparte contractual, como tampoco el comunicado partidista demuestra que todos los pagos fueron recibidos y aplicados correctamente.
El episodio tiene relevancia política porque una organización que pide confianza pública debe explicar con precisión cómo administra sus sedes. Decir “pagamos” es insuficiente si no se muestran el contrato de subarrendamiento, los comprobantes, el periodo cubierto y la ruta que siguió el dinero. Del otro lado, atribuir al partido una deuda completa también exige probar qué obligaciones asumió directamente.
LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN PUBLICARSE
- El contrato o convenio bajo el cual Morena ocupaba el inmueble.
- Los comprobantes de pago del periodo en disputa.
- La identificación del arrendador o subarrendador que recibió esos pagos.
- El número de expediente y una versión pública de la resolución judicial.
- El desglose que explique la diferencia entre 36 mil 800 y 160 mil dólares.
La transparencia no consiste en ganar una disputa de declaraciones. Consiste en permitir que la ciudadanía compruebe quién pagó, quién recibió y quién incumplió. Hasta que esos documentos aparezcan, lo prudente es describir el desalojo como resultado de un conflicto contractual y mantener abierta la atribución de responsabilidades.
