OPINIÓN: EL TOPE ELECTORAL NO BASTA SIN CUENTAS CLARAS
OPINIÓN | DÉCIMO DIEZ
Un límite de gasto puede contener la competencia interna de los partidos, pero no garantiza por sí mismo una contienda equitativa. El dato de Tijuana —3 millones 174 mil 282.72 pesos por precandidatura municipal— solo adquiere sentido público si cada peso puede rastrearse y si las sanciones llegan antes de que una irregularidad produzca ventajas irreversibles.
LOS HECHOS VERIFICABLES
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California aprobó el acuerdo IEEBC/CGE63/2026 durante su sesión extraordinaria del 13 de octubre. El documento fija un máximo de 5 millones 219 mil 387.99 pesos para cada precandidatura a la gubernatura y de 3 millones 174 mil 282.72 pesos para cada precandidatura al Ayuntamiento de Tijuana.
Los montos equivalen al 20 por ciento de los topes de campaña utilizados como referencia en las elecciones anteriores. La regulación incluye propaganda, eventos, publicidad digital, transporte, viáticos y producción de mensajes, entre otros conceptos.
Las precandidaturas deben presentar informes de ingresos y gastos. No entregar el informe puede impedir el registro de una candidatura, mientras que rebasar el límite puede provocar su pérdida.
EL PROBLEMA NO ES SOLO CUÁNTO SE GASTA
VALORACIÓN. La discusión pública suele detenerse en la cifra máxima, aunque la pregunta más útil es de dónde proviene el dinero, quién contrata los servicios y si los precios reportados corresponden con lo que realmente circuló en calles y plataformas digitales.
Una precampaña puede aparecer dentro del límite y aun así generar dudas si parte de su promoción se registra tarde, se atribuye a simpatizantes sin identificar o se presenta como actividad ordinaria del partido. La fiscalización necesita revisar el origen, el momento y el beneficiario del gasto, además del total acumulado.
TIJUANA EXIGE UNA VIGILANCIA MAYOR
VALORACIÓN. Tijuana tendrá el tope municipal más alto de Baja California porque concentra la mayor población y el mercado político más amplio. Esa escala también multiplica los espacios difíciles de medir: anuncios segmentados, contenidos pagados, brigadas, espectaculares y actos que pueden promocionar una imagen sin pedir abiertamente el voto.
La ciudadanía debería poder consultar informes claros durante el proceso, no meses después. Un portal con gastos acumulados, proveedores, conceptos y fechas permitiría comparar lo reportado con la propaganda visible y facilitaría las denuncias documentadas.
REGLAS TEMPRANAS, RESULTADOS OPORTUNOS
VALORACIÓN. El IEEBC hizo bien en fijar las reglas antes del inicio de las precampañas. El reto será demostrar que el control funciona mientras la competencia está en marcha. Una sanción tardía puede cumplir el expediente jurídico, pero difícilmente corrige una ventaja que ya influyó en la selección de candidaturas.
La transparencia no sustituye a la fiscalización, pero la vuelve comprobable. El tope es el punto de partida; las cuentas claras y las decisiones oportunas son las que pueden convertirlo en una garantía de equidad.