OPINIÓN: IMPUGNAR UNA LEY NO ES ANULARLA
ANÁLISIS EDITORIAL | DÉCIMO DIEZ
Dos instituciones federales impugnaron disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California. El dato es relevante y exige escrutinio, pero no autoriza a afirmar que la ley ya fue anulada ni que la Suprema Corte haya decidido quién tiene la razón.
Este análisis complementa la nota documental publicada por Diez10 sobre los expedientes 126/2026 y 127/2026.
HECHOS VERIFICADOS
El índice público de la Suprema Corte registra dos acciones de inconstitucionalidad: una promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otra por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Ambas señalan como autoridades demandadas al Congreso y al Poder Ejecutivo de Baja California.
La Ley Orgánica del Poder Judicial estatal fue publicada el 31 de agosto de 2026 y continúa vigente. La Corte no ha emitido una sentencia de fondo en los expedientes consultados.
ANÁLISIS
La diferencia entre impugnar e invalidar parece elemental, pero suele desaparecer en la discusión política. Para quienes rechazan una reforma, la presentación de una demanda puede convertirse rápidamente en prueba de que la norma “es inconstitucional”. Para quienes la defienden, cuestionarla puede describirse como un ataque político. Ninguna simplificación sustituye una sentencia.
Las acciones constitucionales cumplen precisamente la función de someter una ley al examen de un tribunal. Que existan dos promoventes de alcance federal eleva la importancia institucional del caso, pero el número de demandas no determina el resultado. Lo decisivo será la solidez de los argumentos, el texto constitucional aplicable y la votación del Pleno.
El debate sí debe concentrarse en las reglas cuestionadas: licencias, suplencias, presidencias y distribución de facultades en los órganos internos. No son tecnicismos menores. Definen quién puede tomar decisiones, cómo se cubren ausencias y dónde quedan los contrapesos dentro del Poder Judicial.
LO QUE DEBERÍAN HACER LAS AUTORIDADES
El Congreso y el Ejecutivo estatales deberían publicar una explicación jurídica accesible de las disposiciones defendidas. Las instituciones promoventes, por su parte, deben permitir que la ciudadanía conozca con claridad los conceptos de invalidez. La transparencia no prejuzga el caso: mejora la discusión pública.
Mientras llega la sentencia, informar con precisión es una obligación editorial. La ley está vigente, las impugnaciones existen y el fondo permanece sin resolver. Convertir cualquiera de esos tres hechos en una conclusión anticipada sólo alimentaría propaganda.
FUENTES DE LOS HECHOS
- Índice público de acciones de inconstitucionalidad de la SCJN.
- Compilación legislativa del Congreso de Baja California.
- Seguimiento de Semanario ZETA sobre las disposiciones cuestionadas.