DOS IMPUGNACIONES PONEN BAJO REVISIÓN LA LEY JUDICIAL DE BC
MEXICALI.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene registradas dos acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California. Los expedientes 126/2026 y 127/2026 fueron promovidos, respectivamente, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La existencia de ambos asuntos está confirmada en el índice público de acciones de inconstitucionalidad de la Corte. Los registros identifican como autoridades demandadas al Congreso y al Poder Ejecutivo de Baja California y muestran que los casos están pendientes de resolución por el Pleno.
LO QUE ESTÁ CONFIRMADO
El Congreso estatal mantiene en su compilación jurídica la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California como norma vigente, con fecha de publicación del 31 de agosto de 2026. La información pública del Poder Judicial estatal también ubica esa fecha como la de publicación y última actualización del ordenamiento.
La ley fue expedida mediante el Decreto 314 y sustituyó al ordenamiento de 1995. Su entrada en vigor ocurrió al día siguiente de su publicación. El cambio reglamenta la estructura judicial derivada del nuevo diseño institucional, incluida la distribución de funciones entre órganos jurisdiccionales y administrativos.
Que una norma haya sido impugnada no significa que ya haya sido declarada inválida. Mientras la SCJN no emita sentencia y determine sus efectos, la ley continúa vigente. Tampoco existe, en los registros consultados, una resolución de fondo que permita anticipar el resultado.
LOS PUNTOS BAJO DISCUSIÓN
De acuerdo con la revisión periodística de los escritos y con el seguimiento publicado por el semanario ZETA, las impugnaciones cuestionan reglas contenidas en los artículos 20, 24 y 285 sobre licencias y suplencias dentro del Poder Judicial. También señalan disposiciones de los artículos 24, 42, 43 y 216 relacionadas con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la integración del órgano de administración y la distribución de atribuciones.
Esos señalamientos forman parte de los argumentos de quienes promovieron las acciones; no constituyen todavía conclusiones de la Corte. Será responsabilidad del Pleno determinar si las disposiciones respetan la Constitución federal y, en su caso, precisar cuáles reglas permanecen y cuáles deben modificarse o dejar de aplicarse.
POR QUÉ IMPORTA PARA BAJA CALIFORNIA
La controversia no es solamente administrativa. Las reglas sobre licencias, suplencias, presidencias y órganos de gobierno inciden en quién toma decisiones internas, cómo se cubren ausencias y qué contrapesos existen en el funcionamiento cotidiano del sistema judicial.
La revisión constitucional puede establecer límites aplicables a la reorganización judicial en Baja California y ofrecer criterios para reformas semejantes en otras entidades. Sin embargo, cualquier consecuencia concreta dependerá del texto de la sentencia y de la votación alcanzada por las ministras y los ministros.
QUÉ FALTA POR CONOCER
Los expedientes públicos confirman quiénes promovieron las acciones y contra qué autoridades, pero la SCJN todavía debe integrar el trámite, estudiar los conceptos de invalidez y resolver. También deberá definir los efectos temporales de una eventual declaración de invalidez, si ésta llegara a aprobarse.
Diez10 dará seguimiento a las listas y resoluciones de la Corte. Hasta entonces, es necesario separar tres hechos: la ley está vigente, dos instituciones federales la impugnaron y no existe aún una sentencia que determine si sus disposiciones son constitucionales.
FUENTES CONSULTADAS
- Índice público de acciones de inconstitucionalidad de la SCJN, expedientes 126/2026 y 127/2026.
- Compilación de leyes vigentes del Congreso de Baja California.
- Semanario ZETA, seguimiento a las impugnaciones y disposiciones controvertidas.
