Por DÉCIMO DIEZ

Primero les retiraron las visas a los dos. Después se difundieron audios en los que Marina del Pilar Ávila Olmeda hablaba sobre su situación ante Estados Unidos. Ahora, ese país sanciona a Carlos Torres, su exesposo, y afirma que habría usado su influencia política para proteger actividades del Cártel de Sinaloa en Baja California. Ante esa secuencia, la gobernadora no puede limitarse a decir que desconocía lo que ocurría a su alrededor. Tiene que explicar qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo.

LOS HECHOS DOCUMENTADOS

Marina del Pilar confirmó en mayo de 2025 que Estados Unidos había revocado tanto su visa como la de Carlos Torres. No se ha informado oficialmente que el motivo de la revocación de la visa de ella sea el mismo que el de él. 

En junio y julio de 2026 se difundieron fragmentos de conversaciones sobre la situación de la gobernadora ante Estados Unidos. Ella reconoció que correspondían a una conversación privada con personas que se presentaron como intermediarias de autoridades estadounidenses, pero sostuvo que nunca acreditaron esa representación. También rechazó las interpretaciones hechas a partir de fragmentos aislados. Los audios, por sí solos, no prueban que conociera las presuntas actividades de Torres ni que hubiera cometido un delito. 

El 29 de septiembre, la OFAC incluyó a Torres entre las personas sancionadas⁠. El Departamento del Tesoro⁠ afirmó que habría utilizado su influencia para facilitar actividades del cártel y protegerlo de la intervención de autoridades. También atribuyó la cancelación de la visa de Torres a su presunta vinculación con esa organización. El comunicado no sanciona a Marina del Pilar ni establece que ella conociera o participara en esas conductas. 

NUESTRA VALORACIÓN

La falta de una acusación contra la gobernadora no vuelve irrelevante su cercanía con Torres. Cuando Estados Unidos señala que una persona habría usado influencia política para proteger a un grupo criminal, la pregunta sobre dónde y cómo ejercía esa influencia se vuelve un asunto de gobierno.

¿Por qué les retiraron las visas a ambos? ¿Qué explicación recibió ella sobre su propio caso y sobre el de Torres? ¿Cuándo supo que existían señalamientos más graves que un supuesto trámite administrativo? ¿Qué funciones y accesos conservó Torres después de mayo de 2025? ¿Ordenó revisar sus gestiones ante funcionarios de seguridad? ¿Qué buscaba aclarar en las conversaciones que posteriormente fueron difundidas?

Esas preguntas no son una sentencia contra Marina del Pilar. Son las preguntas que su gobierno debió hacerse y que hoy debe contestar públicamente. Si no conocía indicio alguno, debe explicar por qué los controles de su administración no detectaron la presunta influencia descrita por el Tesoro. Si recibió advertencias, debe decir cuáles fueron y cómo respondió.

El divorcio no es una auditoría. La gobernadora debe presentar una cronología verificable, precisar las funciones que tuvo Torres y abrir a revisión sus gestiones ante dependencias estatales. Los audios también merecen una explicación completa y documentada, más allá de discutir fragmentos.

La duda no se despeja pidiendo confianza. Se despeja mostrando registros y respondiendo sin rodeos.